Colorados frenan intento de remover a Eddie Jara y dilatan definición en la Comisión Permanente
La iniciativa quedó en pausa tras el respaldo del oficialismo, que defendió al titular de Petropar y rechazó avanzar con el pedido de remoción.
Durante la sesión, legisladores del cartismo argumentaron que Jara ya presentó un descargo ante la Contraloría General de la República por las inconsistencias detectadas en su declaración jurada y que dicho documento todavía debe ser analizado por el organismo de control. Sostuvieron además que no existe ninguna imputación ni proceso judicial abierto en su contra, por lo que invocaron el principio de presunción de inocencia.
Otro de los puntos utilizados para justificar la postergación fue la reciente reducción del precio de los combustibles anunciada por el presidente Santiago Peña, una medida que, según los colorados, evidencia resultados positivos de la administración de Petropar bajo la conducción de Jara.
Desde el oficialismo también se insistió en que el Congreso no tiene atribuciones para exigir la destitución de un funcionario designado por el Ejecutivo. En ese sentido, remarcaron que la designación y remoción de autoridades en empresas públicas es una prerrogativa exclusiva del presidente de la República, por lo que avanzar con una declaración de ese tipo implicaría un exceso de competencias.
La postura generó un fuerte cruce con el proyectista de la iniciativa, el diputado Miguel Martínez, quien reaccionó con visible molestia. El legislador denunció que previamente ya se habían bloqueado pedidos de informes dirigidos a Petropar y sostuvo que existen suficientes indicios para justificar la salida de Jara del cargo.
Martínez apuntó directamente contra el presidente Peña y denunció lo que calificó como prácticas de corrupción en distintas instituciones del Estado. También cuestionó el modelo de gestión de Petropar y afirmó que la empresa debería funcionar con criterios similares a los del sector privado, al considerar que la administración estatal termina perjudicando a los ciudadanos.
Con la decisión adoptada, el pedido de destitución quedó en suspenso y será nuevamente analizado dentro de dos semanas, en un contexto marcado por la tensión política, las denuncias cruzadas y el debate sobre el rol del Congreso en el control de las empresas públicas.
