Cogobierno en cárceles: crimen opera campante con protección del Estado
La semana que concluye estuvo fuertemente marcada por hechos que causaron conmoción en la población paraguaya. Cayó abatido en un enfrentamiento con militares el líder máximo del grupo criminal autodenominado EPP, Osvaldo Villalba, cuyos féretro fue ingresado de manera irregular a la Cárcel del Buen Pastor para permitir que su hermana, la también líder epepista Carmen Villalba, le diera el "último adiós".
El entonces ministro de Justicia, Édgar Taboada, quien había sido designado al cargo en horas de la mañana del martes, fue destituido del cargo por el presidente Mario Abdo Benítez luego de haber cedido a la presión de la peligrosa criminal, quien amenazó con un amotinamiento en caso de no prosperar su pedido de ver el ataúd de su difunto familiar.
A criterio del consultor y especialista en seguridad e inteligencia, José Amarilla, con todo lo que ocurrió quedó evidenciado como existe una suerte de cogobierno en las diferentes cárceles del país, un fenómeno que nació, creció y se consolidó en últimos 20 años, según explicó en una entrevista que brindó a El Nacional.
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El experto aseveró que con el surgimiento y fortalecimiento de las diferentes bandas criminales organizadas, se generó un esquema que está compuesto por diferentes aristas, donde los miembros de estas nucleaciones realizan sus distintas actividades ilícitas desde los centros reclusorios, con total libertad; extorsión, coacción, venta de drogas y control de redes de narcotráfico y contrabando.
Amarilla señaló que el agravante de toda esta situación, durante los últimos tiempos, es que los líderes y componentes de las bandas organizadas operan sus negocios con la protección del Estado, bajo la complicidad de las autoridades de turno.
"Se supone que cuando uno recibe una condena carcelaria, se le separa de la sociedad y se le limitan los derechos, para luego ser llevados a una privación de libertad donde debe ser introducido a un sistema de reformación e incluso capacitación en algunos oficios, de modo a que pueda ser reinserto en la sociedad una vez cumplida su condena. Pero acá la situación es diferente, el que entra se ve obligado a llevar la vida que existe, donde puede elegir entre comer lo que le da el Estado o buscar pertenecer a las bandas organizadas que controlan las prisiones", refirió.
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Políticos se vinculan a los criminales
El experto en seguridad remarcó que esta situación de complicidad de las autoridades no es reciente, recordando el caso del capo narco brasileño Jarvis Chimenes Pavão, quien desde su celda "vip" en Tacumbú financiaba candidaturas electorales y solventaba a autoridades. "Se reunía con políticos que incursionaron en deportes extremos como el Rally", refirió, sin mencionar nombres.
Así también, afirmó que este acercamiento entre representantes del Gobierno y los actores del crimen organizado crearon una especie de simpatía con las bandas delictivas. "Y sobre esa base no se puede construir una sociedad viable en el tiempo. Para mí eso es lo más grave que se ha evidenciado en los últimos días, el relacionamiento que tienen los políticos con los criminales", dijo, al aclarar que esto no es cuestión de un solo color o partido político, sino que de una gran mayoría.
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¿Cómo se puede buscar una solución?
Consultado sobre cómo se podría avizorar una mejora a esta situación calamitosa, al menos en el largo plazo, Amarilla respondió que uno de los grandes problemas yacen en la condición de los órganos prosecutores de la Justicia, como el Ministerio Público.
"Existen unidades penales que tienen pocos fiscales para casi 7.000 causas abiertas, y así es materialmente imposible atender todos los casos. Y no te hablo de pueblos pequeños del interior, te estoy hablando de acá en el departamento Central", acotó.
Asimismo, se refirió a las filas policiales, donde no existe la cantidad necesaria de uniformados para responder de manera operativa en algunas zonas del país donde la demanda es alta, debido a la ocurrencia de varios hechos punibles de connotación social como asaltos a mano armada y actos violentos relacionados a actividades ilícitas como el microtráfico de drogas.
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Despenalización de la marihuana, un debate necesario
Amarilla consideró que otro de los grandes debates que se debe asumir como país es la despenalización de la marihuana, en cuanto a la producción, comercialización y consumo.
"Ya son 19 estados de los Estados Unidos donde es legal ya hace rato y acá en la región tenemos al ejemplo de Uruguay, donde no se registraron resultados negativos de la legalización. Debemos reconocer que se pueden mejorar muchas cosas, como la realización del narcotest para evitar que conductores salgan con sus vehículos a las calles bajo los efectos de la droga, como así también se pueden revisar cuestiones relacionadas al registro de consumidores y otros, pero se logró eliminar esa violencia que estaba sujeta al negocio cuando era ilegal", dijo.
Actualmente, el lucro que genera la actividad que permanece ilícita, representa una de las primeras fuentes de financiamiento de las bandas criminales que cada vez crecen más, así como consideró el analista.
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EPP podría "vengar" muerte de Villalba
En la última parte de la entrevista, el experto aseveró que "nos encontramos lejos" de observar el inicio del fin del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Reconoció que, si bien la banda terrorista recibió un gran golpe con la eliminación de su líder máximo, todavía no está totalmente desaparecida y que tiene chances de reagrupamiento y crecimiento.
"Probablemente ahora se encuentra el grupo reducido pero todavía tiene líderes que se estarán tratando de reagrupar, aumentar el reclutamiento donde hay grupos indígenas. Y podría incluso haber una represalia, una venganza por el golpe recibido. Así que hay que permanecer alertas", culminó.
Perfil del entrevistadoJosé María Amarilla se desempeñó como analista de Inteligencia en el sector público y luego consultor en el sector privado desde 2007. Tiene en su haber cinco años como especialista en información en Naciones Unidas, 20 años de experiencia como comunicador y 10 años como corresponsal de la Agencia Reuters. Es Técnico Superior en Seguridad desde 2007 y tiene un diplomado en Alta Gerencia de Seguridad en 2011, como una especialización en Inteligencia en el 2011.
José María Amarilla Alviso también es catedrático en Inteligencia y Seguridad Especialista en Inteligencia, formado en Paraguay, Francia, Israel, EEUU
Posee la Certified Protection Professional (Sociedad Americana de Seguridad).
Es miembro del Consejo Consultivo de la Fundación Internacional para Oficiales de Protección (IFPO) y presidente del capítulo nacional.
También es integrante del Global Index sonre Crimen Organizado de la Unión Europea, además de investigador y autor sobre temas de seguridad.