Unos 28 indígenas asesinados desde 2014, reclutamiento forzoso de niños y adultos, abuso de los militares de las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC), expulsión de comunidades originarias y campesinas de sus tierras, y una cada vez más precaria infraestructura de salud y educación, son algunos de los “hallazgos” que hizo la Misión de Observación de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) esta semana en los departamentos del norte del país.
Oscar Ayala y Myriam González Vera, de la CODEHUPY, y el profesor Benjamín Valiente, coordinador ejecutivo de la Pastoral Social de la Diócesis de Concepción, que acompañó el relevamiento en los departamentos de Concepción, Amambay y San Pedro, ofrecieron este viernes en conferencia de prensa un “informe preliminar” del relevamiento que será elevado a las autoridades en marzo en un informe detallado.
“Claramente hemos constatado una crisis de seguridad en todo el norte del país, que tiene expresiones muy nítidas; una de ellas es el patrón sistemático de perpetración de los secuestros por parte de un grupo armado claramente diferenciado, que en este momento tiene aún a tres personas cautivas sin que se sepa el paradero y sin que existan resultados de los organismos de seguridad para recuperarlas”, señaló Ayala, titular de CODEHUPY.
Ayala trasmitió la solidaridad de la organización con las familias de los tres secuestrados del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), el policía Edelio Morínigo y el ganadero Felix Urbieta, desaparecidos desde 2014 y 2016 respectivamente; y el ganadero y político liberal Oscar Denis, que fuera Vicepresidente de la República, secuestrado el 9 de septiembre del año pasado. Agregó que su organización acompaña los reclamos de las familias y apoya especialmente las gestiones anunciadas por la familia Denis ante la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet.
Explicó que el tema está vinculado al “derecho a la seguridad”, porque “los fenómenos criminales asociados a los secuestros dejaron de ser aislados y fortuitos”, y pasaron a ser “hechos punibles que tienen carácter sistemático al estar localizados en la misma región y ser perpetrados por un grupo muy bien caracterizado”. “Entendemos que existe una obligación del Estado de trabajar en la prevención, y el hecho que el Estado no llegue a una resolución de los secuestros, lo colocan en una situación de marcada precariedad institucional”, agregó.
Reclutamiento y militarización
La CODEHUPY informó además que el reclutamiento forzoso en el norte del país es una realidad y la práctica no es exclusiva del EPP, sino que involucra a otros grupos armados irregulares que operan en la zona.
Según afirmó Ayala, el reclutamiento forzoso de niños y adultos está mayormente relacionado con actividades ilegales vinculadas al narcotráfico, como el narcocultivo, entre otras, “lo que demuestra con claridad que la crisis de seguridad en el norte del país tiene manifestaciones diversas y afecta a los más diversos estratos sociales”.
Reveló que la Misión recogió información sobre un hombre desaparecido hace dos años, que habría sido víctima de reclutamiento forzoso por parte del EPP, y aunque no lo identificó podría tratarse del enfermero Bernardo Gómez, de 38 años, que desapareció durante una cacería en el distrito de Azotey.
“También hemos observado el fenómeno del desplazamiento creciente de la población rural de sus lugares tradicionales; campesinos, indígenas, forzados a abandonar sus tierras ya sea por la expansión de un modelo económico que incorpora cada vez más superficie agrícola, y los desalojos forzosos, que son una práctica prohibida por el derecho internacional, y atentan contra la obligación que tiene el Estado de garantizar derechos para las personas en situación de desahucio”, indicó.
Dijo que este fenómeno está muy vinculado en Concepción, por ejemplo, con la imposibilidad de muchas familias campesinas de poder honrar deudas contraídas con entidades bancarias, situaciones que terminan resolviéndose por la vía del desahucio.
Señaló que en este contexto, la militarización de la zona resuelta por el Estado aporta más zozobra que soluciones, porque las “políticas represivas” del gobierno no se correlacionan con políticas que promuevan el desarrollo socioeconómico a largo plazo.
“La criminalización de las organizaciones sociales, de los activistas campesinos, que son caracterizados como parte de los grupos armados criminales, ha derivado en condenas producto de la estigmatización, que impacta en las comunidades locales”, afirmó Myriam González. “Hay mucha estigmatización, clima de terror, miedo y autocensura”, describió González. “La gente vive en un constante clima de terror, hay miedo de ser acusadas de apoyar a los grupos armados ilegales, y todo eso coacciona a la población, coarta libertades”, argumentó.
Dijo que “en los territorios controlados por la FTC, las organizaciones sociales, campesinas, tienen dificultades para reunirse, por el clima de miedo a ser apresados y procesados por acusaciones que son producto de la estigmatización y criminalización existente”.
La labor de CODEHUPY en el norte implicó reuniones y entrevistas con los más diversos actores de los departamentos visitados, como autoridades públicas locales y departamentales del ámbito judicial, de salud y de seguridad; representantes de la iglesia, organizaciones ciudadanas, sociales, gremiales, docentes, grupos de adultos mayores, cooperativas y asociaciones de productores agrícolas y trabajadores rurales; organizaciones de mujeres y otras organizaciones territoriales, líderes de pueblos indígenas, entre otros.
