Política¿Encubrimiento?
El interventor Carlos Pereira entregó el informe final de la intervención el pasado 22 de agosto al Ministerio del Interior. De acuerdo con la ley, el documento debía ser remitido de inmediato a la Cámara de Diputados. Sin embargo, días después, sigue detenido en el Gabinete Civil de la Presidencia, sin que la ciudadanía ni el Congreso lo conozcan.
La falta de transparencia alimenta la sospecha de que se busca esconder las conclusiones de la investigación, que incluirían denuncias por desvío millonario de bonos, falsificación de documentos y hasta la existencia de cajas paralelas en la administración municipal.
Una radiografía de la crisis
El informe no es un mero trámite político. Se trata de un documento que expone la magnitud del colapso administrativo y financiero de la comuna capitalina. La deuda acumulada, el déficit creciente y el deterioro de los servicios municipales confirman que Asunción atraviesa uno de los peores momentos de su historia institucional.
Calles plagadas de baches, basura acumulada, plazas abandonadas e inseguridad son la cara visible de una gestión que llevó a la ciudad al borde de la quiebra.
La renuncia de Rodríguez y las sospechas
El mismo día en que el informe fue entregado al Ejecutivo, Óscar "Nenecho" Rodríguez presentó su renuncia, apenas una hora antes de la presentación oficial. La jugada desató sospechas inmediatas: opositores señalan que la dimisión fue parte de una estrategia para evitar que el informe sea debatido en Diputados.
Desde el oficialismo colorado, que domina la Cámara Baja, se insiste en que al no haber intendente en funciones ya no corresponde tratar el documento. Para la oposición, se trata de un claro blindaje político.
El contraste con Ciudad del Este
La diferencia en el actuar político es evidente. En Ciudad del Este, tras la intervención a la gestión de Miguel Prieto, el Ejecutivo remitió el informe al Congreso de manera inmediata. La Cámara de Diputados convocó una sesión extraordinaria en tiempo récord y destituyó al entonces intendente opositor sin darle derecho a la defensa.
En Asunción, en cambio, el proceso se frenó. No hay sesión convocada y el documento permanece guardado. Para la diputada Johanna Ortega, "se está jugando con las leyes como plastilina" y se pretende sellar un pacto de impunidad.
Reclamos y denuncias
En la Cámara de Diputados, referentes opositores como Raúl Benítez insistieron en que el informe debe ser entregado sin más excusas. "Queremos el informe, queremos el informe. El Estado no les pertenece", lanzó durante la última sesión.
La diputada Ortega cuestionó la maniobra oficialista: "El informe debió llegar ese mismo viernes, así como ocurrió en Ciudad del Este. ¿Qué es lo que quieren esconder?".
La denuncia es clara: mientras en el Este la destitución fue exprés, en Asunción se instala un blindaje político para proteger a Rodríguez y a su entorno.
El derecho ciudadano a la verdad
Más allá de las disputas partidarias, el informe final de la intervención es un documento público que pertenece a la ciudadanía. Transparentar sus hallazgos es un deber democrático y una obligación moral con los contribuyentes.
Asunción exige respuestas. El silencio oficialista no puede seguir siendo el camino. La ciudadanía tiene derecho a conocer qué pasó con sus recursos y quiénes deben rendir cuentas por la quiebra de la ciudad.
