Cibercriminales siguen burlando soberanía digital del Estado
El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) confirmó que el sábado 21 de junio se detectaron nuevos incidentes cibernéticos que afectaron a dos instituciones clave: el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). La información fue difundida este domingo por el equipo del Centro de Respuesta ante Incidentes Cibernéticos del Paraguay (CERT-PY), que asegura que las amenazas fueron contenidas y que los trabajos de mitigación continúan en curso.
Según el reporte oficial, tras la detección de las intrusiones se activaron los protocolos correspondientes y se coordinó la respuesta con los responsables de seguridad informática de ambas entidades.
Para consultas y reportes relacionados a estos incidentes, el Mitic habilitó el correo electrónico abuse@cert.gov.py, aunque sin ofrecer mayores detalles sobre lo comprometido durante el ataque.
Miguel Gaspar, director de la Fundación Paraguay Ciberseguro, fue categórico al señalar que las acciones del CERT-PY fueron meramente reactivas y que existe una alta probabilidad de que la información sustraída termine en foros clandestinos de la Dark Web. "Se está fallando en medir el impacto de estos ataques. Si no se pueden cuantificar los daños, no se puede hablar de contención real", afirmó.
Gaspar incluso alertó sobre una posible vulneración del sistema de registro del programa Pronasida, lo que implicaría la exposición de datos sumamente sensibles vinculados a personas en situación de vulnerabilidad. "Esto amerita una respuesta urgente y no solo comunicados que buscan calmar el ambiente", advirtió.
El especialista también criticó la falta de previsión, recordando que hace solo unas semanas se había producido una megafiltración que ya había encendido todas las alarmas. "Nos siguen exponiendo y no hay un liderazgo claro en la respuesta", sostuvo. Como medidas concretas, propuso convocar de inmediato a todos los responsables de tecnología de las instituciones públicas para diseñar un plan de contingencia y declarar formalmente una emergencia nacional en materia de ciberseguridad.