De acuerdo con los datos oficiales, el funcionario declaró el 21 de setiembre de 2023 un patrimonio de G. 276 millones. Sin embargo, el 26 de febrero de 2025 esa cifra ascendió a G. 870 millones. Posteriormente, el 26 de octubre de 2025, reportó G. 841 millones como patrimonio neto.
Entre los puntos que serán objeto de análisis figuran el cobro de honorarios profesionales por G. 412 millones, el incremento significativo del dinero declarado en efectivo —que pasó de G. 1.800.000 a G. 215 millones— y el aumento de sus cuentas de ahorro, que crecieron de G. 3,4 millones a G. 79 millones en el mismo periodo. El contralor Camilo Benítez ordenó la verificación de la correspondencia entre los ingresos y la evolución patrimonial, proceso que incluirá pedidos de informes a instituciones públicas y entidades financieras.
El propio González Maldonado sostuvo que sus ingresos son legítimos, que se encuentran debidamente declarados y que el monto en efectivo proviene del cobro, por única vez, de honorarios profesionales en el marco de la Ley Nº 2796/2005, que regula pagos a asesores jurídicos y auxiliares de justicia de entes públicos.
El escándalo se produce tras denuncias y publicaciones en un momento particularmente sensible para el IPS. La previsional atraviesa una de las crisis más profundas de los últimos años, con denuncias constantes por falta de medicamentos, hospitales deteriorados, infraestructura colapsada y asegurados que deben peregrinar para acceder a consultas, cirugías o estudios básicos.
A este escenario se suma el cuestionamiento recurrente sobre los elevados salarios de su plantel directivo y la percepción ciudadana de una administración desconectada de la realidad que viven los aportantes. En ese contexto, casos como el del director jurídico, con un crecimiento patrimonial millonario en poco más de un año, impactan directamente en la credibilidad de la institución.