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El documento concentra sus observaciones en gestiones anteriores, especialmente en el gobierno de Mario Abdo Benítez, en municipalidades -en su mayoría liberales- y, sobre todo, en la figura del presidenciable disidente Arnoldo Wiens.
La Comisión Bicameral que estudia el informe del órgano contralor convocó para esta semana al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y al contralor Camilo Benítez, con el objetivo de revisar caso por caso los expedientes enviados al Ministerio Público. La instancia parlamentaria está presidida por el senador liberocartista Dionisio Amarilla, empresario contratista del Estado, con una abultada deuda con la ANDE y cuya esposa figura como funcionaria de la propia Contraloría, un cuadro que alimenta las suspicacias sobre la independencia del proceso.
Según el reporte, el posible daño patrimonial detectado asciende a unos G. 1,4 billones, equivalentes a unos USD 200 millones al cambio actual. De ese total, alrededor de G. 1,1 billones -unos USD 167 millones- se atribuyen en exclusiva a la gestión de Arnoldo Wiens al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, entre 2018 y 2022. Wiens, hoy principal precandidato presidencial de la disidencia colorada, queda así en el centro del fuego político y judicial.
El resto de los casos se concentra, en su mayoría, en ejecuciones presupuestarias de los años 2018 a 2023, es decir, casi enteramente dentro del periodo de gobierno de Mario Abdo Benítez. Además, el informe incluye denuncias contra 20 municipalidades, de las cuales 12 están encabezadas por intendentes liberales, lo que refuerza la percepción de que la lupa de la Contraloría se aplicó con especial rigor sobre la oposición y la disidencia.
En la nómina de responsables de supuestos daños al erario figuran nombres como Sante Vallese, señalado por la quiebra de Copaco; Félix Kanazawa, por su gestión en la Dinac; y el exintendente de Paso de Patria, Marcos Ibarrola (ANR), entre otros. También aparecen observaciones por un presunto perjuicio de G. 16.500 millones en el Indi durante la administración de Pablo Santacruz, así como casi G. 12.000 millones en la Caja Municipal bajo la gestión del hoy imputado Bernabé Peralta.
En paralelo, dirigentes opositores y sectores disidentes del Partido Colorado sostienen que el oficialismo intentará utilizar el informe de la CGR como plataforma para impulsar causas penales contra Wiens y, de ese modo, despejar el camino de la campaña presidencial de Pedro Alliana, delfín político de Horacio Cartes y principal carta del cartismo para el 2028.
La propia Contraloría llega a este debate cuestionada por la falta de reportes sobre la administración actual. Referentes críticos del Gobierno aseguran que el ente se alineó con el cartismo y dejó de ejercer un control real sobre la gestión de Peña. El diputado independiente Raúl Benítez, integrante de la comisión especial, sostuvo días atrás que la CGR "perdió toda credibilidad" y que la Fiscalía "no hace su trabajo", apuntando al congelamiento de investigaciones sobre numerosos informes anteriores.
Mientras el Congreso se dispone a interpelar al contralor y al fiscal general, el tablero político se recalienta: para el oficialismo, el documento ofrece un instrumento para golpear a rivales internos y opositores; para la disidencia y la oposición, es la prueba de que los órganos de control se usan como armas selectivas, que esquivan sistemáticamente cualquier señalamiento sobre el poder de turno.
