A su juicio, esta medida no responde a una política clara y firme contra el terrorismo, sino más bien a una estrategia de posicionamiento político.
Pérez sostuvo que esta resolución contradice actuaciones anteriores del propio Estado, especialmente en relación con el polémico caso del avión iraní que llegó al país tiempo atrás. Según señaló, aquella investigación fue cerrada con demasiada rapidez, sin un análisis riguroso de los antecedentes ni de los informes internacionales que advertían sobre posibles vínculos con células extremistas. "No se tomó en serio el marco jurídico vigente. Se actuó con prisa, sin considerar datos clave de inteligencia", afirmó.
La exministra sugirió que la declaración contra el IRGC parece estar relacionada con una maniobra para desvincularse públicamente de cualquier cercanía con el régimen iraní. "Primero dejan sin efecto el caso del avión, luego ocurre el viaje a Israel y finalmente se emite este decreto. Es evidente que hay una secuencia política detrás", apuntó.
Desde su perspectiva, la comunidad internacional está al tanto de las inconsistencias del país en materia de lucha contra el terrorismo y no se dejará engañar por este tipo de decisiones. Además, recordó que la región de la triple frontera se encuentra bajo constante observación de agencias extranjeras y organismos multilaterales.
Pérez también cuestionó la postura del Ejecutivo sobre la independencia de poderes, al considerar que existe una conducta selectiva al respecto. "Cuando le conviene, el presidente dice que no puede intervenir en decisiones judiciales, pero en otros casos sí toma partido públicamente", comentó, haciendo alusión directa al caso del diputado Lezcano.
Respecto a la posibilidad de reabrir el caso del avión iraní, explicó que legalmente solo podría suceder si surgen elementos nuevos de relevancia. A diferencia del caso del diputado Lalo Gómez, donde la familia tiene posibilidad de accionar judicialmente, en el expediente vinculado al avión no hay víctimas directas que puedan promover una apelación, lo que complica cualquier intento de revisión.
Pérez concluyó que las acciones del Gobierno deben estar en sintonía con un enfoque serio y sostenido en la lucha contra el terrorismo, y advirtió que la incoherencia solo contribuye a la pérdida de credibilidad tanto a nivel nacional como internacional.