PolíticaCanindeyú
Convoys que cruzan comisarías sin controles, jefes policiales con documentos en zonas de fuga, 40 agentes sumariados y clanes criminales operando con libertad absoluta configuran un territorio donde el narcotráfico no avanza solo: avanza escoltado.
Canindeyú, un corredor narco bajo tutela policial
Canindeyú dejó de ser hace tiempo solamente un departamento agrícola para convertirse en uno de los principales corredores de marihuana hacia Brasil. Grandes extensiones de cultivo, centros de acopio en zonas rurales, rutas nacionales convertidas en pasillos de tráfico y puertos clandestinos sobre el Paraná forman parte de una estructura sostenida en el tiempo.
Según explicó el criminólogo Juan Martens, nada de lo que ocurre en Canindeyú en materia de marihuana se hace sin autorización previa de sectores de la Policía y de la Fiscalía. De acuerdo a sus investigaciones, las organizaciones criminales pagan entre 10 y 12 millones de guaraníes por cada hectárea de marihuana cultivada, dinero que se distribuye dentro de distintas dependencias estatales encargadas, en teoría, de combatir el delito.
Martens detalló a El Nacional que una simple cinta roja atada a una tacuara o a un árbol cercano al marihuanal, acompañada de un número de teléfono, marca que ese cultivo ya está "protegido" por la Policía. Es la señal de que la plantación está habilitada para producir sin ser molestada.
También señaló que en esa red de pagos aparecen integrantes de Investigación de Delitos, Inteligencia, Antinarcóticos, comisarías jurisdiccionales, el Grupo Especial de Operaciones, Homicidios, el Departamento de Bosques y sectores del Ministerio Público.
La Operación Umbral: récord histórico y un camino liberado
La madrugada del miércoles 3 de diciembre, en Saltos del Guairá, fue interceptado un convoy criminal compuesto por 19 vehículos, entre tractocamiones, camiones de doble eje, camionetas y automóviles, que transportaban 88.991 kilos de marihuana prensada. Es el mayor decomiso de marihuana en tránsito registrado en el país.
El procedimiento incluyó un enfrentamiento armado, un presunto narco abatido, cinco detenidos, heridos, armas largas incautadas y un perjuicio multimillonario para la estructura criminal. Pero el dato más grave fue otro: el propio ministro de la Senad confirmó que el convoy recorrió más de 120 kilómetros atravesando al menos once comisarías sin ser detenido.
La caravana cruzó Canindeyú como si tuviera autorización previa. No fue un error aislado. Fue una ruta claramente liberada.
Documentos de un jefe policial en la ruta de fuga
Durante el procedimiento fueron hallados documentos personales del jefe de Investigaciones de Canindeyú en plena zona de fuga del convoy narco. El comisario explicó que su billetera se le cayó durante el operativo.
La versión no logró disipar las sospechas sobre cómo los documentos de un alto mando terminaron en el mismo punto utilizado por los narcotraficantes para escapar. El hallazgo reforzó la percepción de que la protección no es solo externa, sino interna.
Cinco jefes destituidos y 40 policías bajo sumario
Tras el escándalo, la Comandancia destituyó a cinco jefes de comisarías y ordenó el apartamiento de 40 policías que prestaban servicio en puestos ubicados sobre el trayecto del convoy. Todos quedaron bajo investigación administrativa.
Aunque oficialmente se habla de medidas preventivas, el mensaje real es otro: la estructura policial de la zona quedó bajo sospecha generalizada por presunta protección al narcotráfico.
Marihuana como economía de supervivencia bajo tutela narco
Juan Martens también explicó que la marihuana fue "supernaturalizada" en la zona, convertida en un rubro de renta para familias campesinas que abandonan otros cultivos porque el cannabis garantiza ingresos seguros.
Este fenómeno social, sostenido por la protección institucional, es uno de los núcleos más profundos del problema. La marihuana no se planta solo por ambición, se planta porque el sistema ilegal ofrece lo que el Estado no garantiza: ingreso estable, protección armada y mercado asegurado.
Los clanes que dominan Canindeyú
En el departamento operan estructuras criminales perfectamente identificadas. Entre ellas figura el grupo liderado por Felipe Santiago Acosta Riveros, alias Macho, uno de los más buscados por el Departamento de Control del Crimen Organizado.
También aparece el clan Díaz, surgido tras el asesinato de Cristino Díaz, el clan Alderete, encabezado por Diego Zacarías Alderete con presuntos vínculos con carteles colombianos, y la estructura liderada por Selva Elizabeth Portillo Rodas, conocida como Selva Hû.
A ellos se suma la red de Vilmar Acosta Marques, ex intendente de Ypejhú, condenado por el asesinato del periodista Pablo Medina.
Un historial de incautaciones que no detiene el negocio
Además del operativo Umbral, fueron incautadas más de 14 toneladas de marihuana en Saltos del Guairá, más de 13 toneladas en Katueté y más de 57.000 kilos en el operativo Marangatú.
Las cifras son enormes, pero no frenan el flujo. Cada incautación confirma que el negocio sigue vivo, aceitado y protegido.
Antecedentes que confirman la complicidad
Tres policías fueron detenidos cuando transportaban más de 280 kilos de marihuana utilizando móviles oficiales y pretendiendo pasar controles amparados en su investidura. No eran excepciones, eran parte activa del circuito narco.
Este antecedente terminó de instalar la sospecha que hoy domina Canindeyú: no hay tráfico sin cobertura estatal.
El silencio político frente a una estructura que todos conocen
Mientras desde el Ejecutivo se intenta mostrar cada golpe como una victoria, el fondo del problema sigue intacto. Los convoyes siguen moviéndose, las rutas siguen liberadas y los clanes siguen operando.
En Canindeyú, la droga no se esconde. Se mueve a la vista de todos. Y cuando eso ocurre de forma permanente, la pregunta ya no es quién transporta la marihuana, sino quién la está cuidando.
El verdadero desafío: romper la protección estatal
La incautación de 88 toneladas es un golpe económico fuerte, pero no es la solución. Mientras no se desmonte la estructura de protección policial y fiscal, cada récord de decomiso será también la confirmación de que el narcotráfico sigue operando con aval interno.
Canindeyú ya no es solo un corredor de drogas. Es el espejo más crudo de hasta dónde llegó la infiltración del crimen organizado dentro del aparato de seguridad del Estado.
Y mientras no caigan los verdaderos protectores, los convoyes seguirán avanzando de noche, pasando frente a las comisarías, con la tranquilidad de quien sabe que no camina solo, sino escoltado por el silencio.
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