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Un Tribunal de Apelación Penal volvió a confirmar al juez Humberto Otazú en la causa contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y otros acusados por un presunto negociado en la compra de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia. Los magistrados no admitieron una nueva apelación contra el fallo que en octubre pasado que rechazó una recusación.
"No se cumplen los requisitos establecidos en la ley para admitir el recurso interpuesto, al no encontrarse previsto entre las resoluciones recurribles ante la Corte Suprema de Justicia la dictada por este Tribunal de Apelación", menciona el fallo, que agrega que, de hacer lugar al pedido, se estaría dando oportunidad a impedir y obstaculizar el normal trámite del procedimiento.
La resolución ratifica la intervención del juez de garantías y permite que nuevamente se fije la audiencia preliminar, en la cual se resolverá si la causa se elevará o no a juicio. La diligencia fue postergada en varias oportunidades, debido a las recusaciones y recursos dilatorios de las defensas.
En la causa, la acusación refiere que Prieto encabezó un esquema integrado por funcionarios a su cargo para el desvío de recursos municipales, lo que derivó en un perjuicio patrimonial a la institución de G. 2.130.036.16. La Fiscalía refiere que la estructura estuvo integrada por funcionarios y directores municipales a su cargo, así como por terceros.
Entre los acusados están la Lic. Maggi Fariña, coordinadora de la UOC; el Econ. Sebastián Martínez, director de Desarrollo Social (actual concejal); Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas; Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisiciones y Suministros; Cirle Alcaraz Ramírez y Nelson Segovia Acevedo, del área financiera; José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario; Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes; Fermín Ávalos Britos, de Tía Chela S.R.L.; y Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.
