Nuevamente, la situación del caso Darío Messer, amigo cercano del expresidente de la República, Horacio Cartes, sigue generando una serie de interrogantes, asegura el analista Benjamín Fernández Bogado. Esta situación, sostiene, pone en duda si realmente en Paraguay existe o no garantías para perseguir con fuerza a los corruptos.
“Es que evidentemente en el Paraguay no tenemos garantías de que realmente vamos a perseguir con fuerza a los corruptos y vamos a premiar y estimular a los honestos”, reflexionó.
Sus declaraciones se dan, inicialmente, en respuesta a las interrogantes surgidas debido a dos perspectivas diferentes. Por lado, la Justicia paraguaya insta a que se investigue a quienes llevaron a cabo la presunta investigación en torno a la colocación de los recursos del hermano del alma en el Banco Nacional de Fomento (BNF), adoptando así una postura sumamente coherente. Sin embargo, advierte que quienes fueron los fiscales de la época que tomaron el caso ahora cumplen un rol muy importante. Se trata de la directora de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, una fiscal encargada de la institución que nada más y nada menos se encarga de investigar el lavado de dinero, y el otro es Omar Legal, designada por la Corte Suprema de Justicia como juez especializado en lucha contra el crimen organizado.
“No estamos enviando la señal correcta para nada, si la propia Justicia dice que Legal y Alcaraz no hicieron la tarea como debieran, tendrían que ser apartados de su cargo de forma inmediata, una del cargo administrativo sensible que tiene y el otro del cargo nombrado en la magistratura paraguaya, si no enviamos estas señales, si vemos que eso es absolutamente normal y que nadie tiene que pagar los costos a pesar de que la propia Justicia se anime en un Tribunal de Apelación a afirmar eso, es que evidentemente en el Paraguay no tenemos garantías de que realmente vamos a perseguir con fuerza a los corruptos y vamos a premiar y estimular a los honestos”, sentenció.
Tribunal constató graves falencias en investigación
La jueza Claudia Criscioni, del Tribunal de Sentencia Especializada en Delitos Económicos, quien ordenó el comiso autónomo de los bienes de Darío Messer por USD 100 millones, indicó que se constataron graves falencias en el trabajo de la Fiscalía que omitió investigar a funcionarios del BNF.
Estos últimos, según las pruebas, habrían facilitado operaciones de Messer, condenado en Brasil por lavado de dinero. En ese sentido, se estima que, a través de esas operaciones irregulares mediante el BNF, Messer pudo lavar más de 53 millones de dólares en el sistema financiero paraguayo.
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