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La intención del cartismo de emitir una declaración institucional sobre el proceso electoral en Perú terminó convirtiéndose en un incómodo debate sobre la situación política interna del país y las denuncias que rodean a las elecciones partidarias previstas para este domingo.
La propuesta, presentada en la Cámara de Senadores por la legisladora oficialista Lizarella Valiente, planteaba exhortar a las autoridades peruanas y a los organismos responsables de las elecciones a garantizar transparencia, participación ciudadana, igualdad de condiciones y mecanismos adecuados de fiscalización durante todo el proceso electoral. El documento surgió en medio de las controversias que rodean a la segunda vuelta presidencial en el vecino país.
Sin embargo, lejos de encontrar consenso, la iniciativa generó una inmediata reacción de legisladores opositores e incluso de referentes del coloradismo disidente, quienes cuestionaron que el Congreso pretenda intervenir en asuntos que corresponden exclusivamente a un Estado soberano.
La discusión se intensificó cuando desde el oficialismo se argumentó que la declaración simplemente buscaba reafirmar el compromiso con los principios democráticos y expresar preocupación por denuncias de posibles irregularidades en Perú. No obstante, varios senadores respondieron que el Parlamento debería concentrarse primero en los cuestionamientos existentes dentro del propio sistema político paraguayo.
Una de las voces más críticas fue la de la senadora colorada Blanca Ovelar, quien rechazó la postura asumida por sus correligionarios y advirtió que Paraguay carece de autoridad moral para emitir recomendaciones a otras naciones cuando persisten denuncias sobre prácticas políticas cuestionables en el país. La legisladora aprovechó el debate para denunciar presiones sobre funcionarios públicos y trabajadores del sector educativo con fines electorales en el marco de las internas partidarias.
Según señaló, existen estructuras que exigen respaldo político a determinados candidatos y promueven mecanismos de control sobre el voto, una situación que, a su criterio, contradice los principios de libertad y transparencia que el propio proyecto pretendía defender en el extranjero.
Las críticas también llegaron desde la oposición. Rafael Filizzola consideró que el Senado no debe involucrarse en procesos internos de otros países y sostuvo que Paraguay enfrenta suficientes problemas institucionales como para destinar tiempo a debates sobre situaciones externas. A su criterio, cualquier pronunciamiento sobre el proceso peruano resulta prematuro y carece de sustento mientras las propias autoridades electorales internacionales aún no hayan emitido evaluaciones concluyentes.
Yolanda Paredes fue incluso más lejos al señalar que muchos de los principios exigidos para las elecciones peruanas son precisamente los que distintos sectores reclaman dentro de Paraguay. La legisladora sostuvo que la fiscalización integral de los procesos electorales sigue siendo una de las principales demandas de la oposición y cuestionó el rol de los organismos electorales en la supervisión de todas las etapas de los comicios.
Además, recordó que los principios de autodeterminación de los pueblos y no intervención forman parte de los pilares fundamentales del sistema democrático internacional, por lo que consideró inapropiado que el Senado adopte una posición de aparente superioridad frente a otro país.
La senadora liberal Celeste Amarilla también rechazó la iniciativa y cuestionó que se pretenda medir el compromiso democrático de los legisladores mediante una votación sobre un tema externo cuando cada proceso electoral paraguayo suele estar acompañado de denuncias, impugnaciones y reclamos por irregularidades.
Ante la creciente tensión generada durante la sesión, los impulsores del proyecto optaron por retroceder. La propia proyectista planteó modificar los términos de la declaración y propuso remitir el documento a estudio de la Comisión de Relaciones Exteriores, una salida que finalmente fue aceptada por el pleno y que permitió enfriar una discusión que ya se había desplazado del escenario peruano hacia las internas partidarias paraguayas.
El episodio dejó en evidencia la sensibilidad política que rodea a las elecciones internas del próximo domingo. Lo que comenzó como una declaración sobre la situación democrática en Perú terminó convirtiéndose en un debate sobre las denuncias de presiones a funcionarios públicos, la transparencia electoral y las garantías del sistema político nacional, asuntos que continúan generando fuertes cuestionamientos en plena campaña electoral.
