Cartismo posterga ley de protección y separa a defensores de derechos humanos del proyecto
La intención del oficialismo es modificar el texto para limitar su alcance exclusivamente a los trabajadores de prensa, dejando fuera a los defensores de derechos humanos, que serían incorporados en una futura modificación de la Ley de la Defensoría del Pueblo.
El presidente del Congreso, Basilio "Bachi" Núñez, confirmó que el tratamiento de la iniciativa se aplazará al menos por treinta días, argumentando la necesidad de "más tiempo para mejorar la redacción". Sin embargo, su decisión fue interpretada por los impulsores del proyecto como una maniobra política para dilatar la aprobación de una normativa exigida desde hace años por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras la condena al Estado paraguayo por el asesinato del periodista Santiago Leguizamón.
Durante la sesión, Núñez calificó la propuesta actual como un "Frankenstein", cuestionando la creación de comisiones con presupuestos propios que, según dijo, podrían desviarse a otros fines. El monto de 250.000 dólares anuales previsto para el funcionamiento del mecanismo de protección fue establecido por la sentencia de la Corte IDH, por lo que su cumplimiento constituye una obligación internacional del país.
El oficialismo busca separar el componente vinculado a los defensores de derechos humanos y trasladarlo a una eventual reforma de la Ley de la Defensoría del Pueblo. Esta intención fue duramente criticada por organizaciones civiles y por senadores que advierten que la división desvirtúa el objetivo original del proyecto, que es crear un mecanismo autónomo y permanente de protección integral.
En medio de las tensiones, el senador Derlis Maidana fue una de las pocas voces dentro del cartismo que se manifestó abiertamente a favor de aprobar el texto sin modificaciones sustanciales. Sostuvo que su dictamen, emitido desde la Comisión de Legislación, coincide con el de Derechos Humanos y respalda mantener tanto la protección a los defensores como la autonomía institucional del mecanismo.
No obstante, el bloque oficialista mantiene posturas encontradas. Mientras algunos legisladores consideran necesario ajustar la norma para que se limite exclusivamente a periodistas, otros advierten que la exclusión de los defensores de derechos humanos podría ser interpretada como un incumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado paraguayo.
El proyecto, que había sido trabajado durante años por organizaciones de prensa, activistas y legisladores de distintas bancadas, vuelve así a quedar en suspenso. La decisión de postergar el debate retrasa una vez más la posibilidad de contar con un marco legal que garantice la seguridad y la libertad de quienes ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos en el país.