Cartismo buscará mantener dominio de organismo que juzga a jueces y fiscales
La elección se realiza entre los propios miembros del Jurado, mediante voto público y por mayoría simple, para designar presidente, vicepresidente primero y vicepresidente segundo. En los pasillos del organismo se da por descontado que el cartismo intentará asegurar los números necesarios para que Pucheta vuelva a ocupar la titularidad, luego de haber presidido el ente en el periodo 2024-2025.
Pucheta ya marcó un hito al convertirse en la primera mujer en presidir el JEM, institución clave en el sistema de control del Poder Judicial. Su rol cobra especial relevancia porque el Jurado tiene la potestad de remover a magistrados y agentes del Ministerio Público, lo que lo convierte en un órgano estratégico dentro del equilibrio institucional.
Tras su gestión, la presidencia pasó al ministro de la Corte César Garay para el periodo 2025-2026. Sin embargo, un informe interno sobre el desarrollo de sesiones revela que, de las 41 sesiones ordinarias celebradas hasta comienzos de este mes, apenas seis fueron conducidas por Garay, todas en los primeros meses de su mandato. También encabezó dos sesiones extraordinarias. En total, dirigió ocho reuniones en el año.
El resto de las sesiones —33 ordinarias— estuvieron bajo la conducción de la entonces vicepresidenta primera, Alicia Pucheta. Los datos reflejan que, aunque no ostentaba formalmente la presidencia, fue quien lideró la mayor parte de los encuentros del Jurado durante el último periodo.
La normativa vigente establece que la presidencia del JEM dura un año y permite una sola reelección, pero no en periodos consecutivos. Tras un año fuera de la titularidad, el oficialismo pretende ahora reinstalar a Pucheta en el cargo, en lo que diversos sectores interpretan como parte de una estrategia más amplia de consolidación de espacios de poder en órganos extrapoder.
La definición de hoy no solo marcará la conducción administrativa del Jurado, sino también el tono político con el que el organismo afrontará los procesos disciplinarios contra integrantes del sistema de Justicia. En un contexto de alta sensibilidad institucional y cuestionamientos recurrentes sobre independencia y equilibrio, la elección adquiere una dimensión que trasciende lo protocolar y se inscribe en la disputa por la conducción de los principales órganos de control del Estado.