El senador cartista Carlos Núñez Agüero, quien también ocupa el cargo de presidente de la Cooperativa 8 de Marzo, ha sido acusado de generar confusión respecto a sus reiteradas denuncias sobre una supuesta “rosca mafiosa” de abogados y jueces. Según Núñez, esta red estaría actuando para perjudicar a cooperativas y bancos a través de convocatorias fraudulentas de acreedores.
El abogado y docente jubilado Elido Benítez Medina explicó que la convocatoria de acreedores está contemplada en la Ley 154/69 de Quiebras como un proceso legal que permite a las personas o entidades en estado de insolvencia renegociar sus deudas con los acreedores, previniendo una posible quiebra. En este procedimiento, se debate la posibilidad de otorgar quitas y esperas, que son sometidas a votación en una Junta de Acreedores bajo el control de un síndico de quiebras.
Benítez Medina también destacó que el senador Núñez estaría incurriendo en incompatibilidades legales al ocupar simultáneamente un cargo en el Congreso y la presidencia de una cooperativa. Según el artículo 196 de la Constitución Nacional, los parlamentarios tienen prohibido formar parte de empresas que exploten servicios públicos, tengan concesiones estatales o representarlas jurídicamente, sea de manera directa o indirecta.
El abogado señaló que las acusaciones del legislador carecen de sustento y acusó a Núñez de usar su investidura para proteger sus intereses personales, especialmente tras los recientes escándalos relacionados con la presunta mafia de los pagarés. Afirmó además que las declaraciones del senador buscan desacreditar un proceso regulado por ley que tiene como objetivo cumplir con las obligaciones financieras de manera ordenada y transparente.
Finalmente, Benítez Medina defendió la legitimidad del procedimiento de convocatoria de acreedores, asegurando que este no presenta irregularidades y que su finalidad es brindar una solución a situaciones de insolvencia. En ese sentido, criticó los intentos de desinformación que, según él, solo buscan sembrar dudas entre la ciudadanía y desviar la atención de otras problemáticas.
