Cámara de Diputados, un antro de procesados y condenados por corrupción
El Nacional, Investigación
El asesor Jurídico de la Honorable Cámara de Diputados, Máximo Medina, confirmó en las últimas horas que el condenado por corrupción, Miguel Ángel Robles, sigue siendo funcionario de la Cámara Baja y que no existen impedimentos para que solicite reincorporarse y percibir su jugoso salario como "asesor" de G. 11.000.000.
Sin embargo, este no es el único caso porque hace unos días El Nacional, sacó a luz una denuncia que realizaron pobladores de Coronel Oviedo, sobre el chofer del diputado cartista Carlos Marcial Godoy García, de nombre Víctor Daniel Ávalos Armoa, con frondosos antecedentes por posesión y tráfico de drogas, de acuerdo con datos proveídos por la Policía Nacional, quien también es funcionario de la Cámara de Diputados.
Los registros oficiales de la Controlaría General de la República (CGR), resaltan que Víctor Ávalos presta servicio en el despacho del diputado Godoy. De acuerdo al registro de Economía y Finanzas (MEF), debe cumplir horario de 7:00 a 13:00.
El flamante funcionario de la Cámara Baja aparece en la nómina desde noviembre del año pasado directamente como funcionario permanente, sin ningún tipo de méritos. El mes de su ingreso a Diputados cobró G. 4.000.000, pero dicho monto fue en ascenso gracia a su compadre. Desde este año, consiguió rápidamente un aumento, y ya empezó a ganar G. 5.500.000, de acuerdo con la planilla oficial.
Evita ahondar sobre el caso del chofer
El asesor jurídico y director interino de la Dirección General de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados, Máximo Medina, habló de manera extendida sobre el funcionario Miguel Ángel Robles, condenado a 10 años por corrupción por el desvío de más de G. 5.100 millones.
"Al no contar con una condena firme, él puede solicitar su reingreso, debe adjuntar su resolución donde el juzgado le otorga la libertad y solicitar el levantamiento de la suspensión. La Cámara deberá analizar ese pedido", explicó.
Al ser consultado sobre el caso que sacó a luz El Nacional y que involucra a Víctor Daniel Ávalos Armoa, dijo que tomó conocimiento del caso tras la publicación.
"Él es funcionario nombrado, cumple funciones con el diputado y en su legajo no obra ningún antecedente al momento en el que fue nombrado", manifestó Medina.
Tratamos de hablar con el director y cruzar los datos que nos suministraron desde la Policía Nacional, pero no tuvimos retorno desde el número con terminación 602.
Sobre otros casos, mencionó que el funcionario William Bogarín, procesado por presunta estafa a colonos menonitas por USD 1,6 millones en San Pedro, cuenta con un sobreseimiento en su causa y que no tiene impedimentos legales para seguir trabajando.