PolíticaCaso Mocipar
Un Tribunal de Apelación confirmó las resoluciones que elevan a juicio oral dos causas penales contra el exministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Dany Durand, y otros cinco exdirectivos del Grupo Mocipar, investigados por presunta estafa y asociación criminal.
Los camaristas concluyeron que no existieron vicios de nulidad en las decisiones impugnadas, dictadas, según señalaron, "conforme a derecho", por lo que rechazaron los recursos presentados por las defensas.
En una de las causas, la Fiscalía sostiene que 31 personas fueron víctimas de un esquema fraudulento entre 2006 y comienzos de 2020, basado en el ofrecimiento de vehículos, inmuebles y electrodomésticos que nunca fueron entregados.
De acuerdo con el Ministerio Público, las víctimas pagaron entre 10 y más de 60 cuotas, acumulando un perjuicio total de G. 665.004.000.
Las investigaciones refieren que los acusados utilizaron contratos formales para captar a los clientes, quienes incluso debían continuar pagando montos adicionales con la promesa de recibir los bienes ofertados, lo que, según la acusación, nunca ocurrió.
Los procesados en este caso son: Dany Edgar Xavier Durand Espínola, Fernando Román Fernández, Luz Marina González de Durand, Diana Teresita Britos de Román, Favio Arturo Britos Ocampo y María Patricia Espínola Durand.
En la segunda causa, se atribuye un perjuicio de G. 8.700.000 a una víctima que firmó un contrato en julio de 2013 con Mocipar Automotores S.A. para la adquisición de un vehículo 0 km, tras abonar 60 cuotas de G. 150.000 en concepto de anticipo y parte de pago. Pese a cumplir íntegramente con los pagos, el vehículo nunca le fue entregado ni el dinero reembolsado.
Según la acusación, los responsables de Mocipar actuaron sin intención ni capacidad de cumplir con los contratos, debido a la alta cantidad de compromisos de entrega asumidos con numerosos clientes.
En este expediente también están acusados Durand, Román Fernández, González de Durand, Britos Ocampo, Britos Ocampo (hijo) y Espínola Durand.
Con la decisión de la Cámara, ambos procesos avanzan a la etapa de juicio oral, donde se evaluarán las pruebas sobre los presuntos perjuicios generados por las empresas del Grupo Mocipar.
