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La propuesta legislativa pretende establecer nuevas reglas para elegir a los dos miembros titulares y dos suplentes que representan al gremio de abogados dentro del organismo encargado de integrar ternas para cargos judiciales.
Con el objetivo de profundizar el debate antes de emitir un dictamen, la comisión presidida por el diputado liberal Arnaldo Valdez decidió requerir opiniones institucionales al Tribunal Superior de Justicia Electoral, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público, la Defensa Pública y el Colegio de Abogados del Paraguay.
El proyecto plantea una modificación importante en el padrón electoral utilizado para estas elecciones, ya que busca incorporar a abogados que actualmente quedan excluidos por desempeñarse como funcionarios judiciales, fiscales, defensores públicos o magistrados.
Los impulsores sostienen que existe una exclusión sistemática de profesionales del derecho que, pese a estar habilitados constitucionalmente, terminan fuera de los procesos electorales mediante resoluciones administrativas emitidas por la Corte Suprema.
En ese sentido, el proyecto cuestiona varias resoluciones judiciales dictadas en años anteriores y también una disposición reciente emitida este año, argumentando que dichas medidas limitan derechos sin contar con respaldo legal expreso.
La iniciativa contempla un esquema electoral compuesto por siete capítulos y establece que la Corte Suprema será la encargada de convocar a las elecciones, mientras que el TSJE tendrá a su cargo la administración del padrón electoral y la organización operativa del proceso.
El texto también fija requisitos para quienes deseen postularse como representantes de los abogados ante el Consejo de la Magistratura. Entre ellos se exige contar con al menos diez años de ejercicio profesional y haber cumplido 35 años de edad.
Otro de los puntos incluidos en la propuesta es la implementación del sistema de listas cerradas desbloqueadas y la utilización de máquinas de votación electrónica, siguiendo las disposiciones establecidas en el Código Electoral y en la legislación vigente sobre voto electrónico.
El debate sobre la representación de abogados dentro del Consejo de la Magistratura vuelve así al centro de la discusión política y judicial, en medio de constantes cuestionamientos sobre la composición de los órganos encargados de seleccionar jueces y fiscales.
El proyecto abre además una nueva discusión sobre los límites entre funciones públicas y derechos políticos de magistrados, fiscales, defensores y funcionarios judiciales, un tema que históricamente generó controversias dentro del ámbito jurídico nacional.
