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El proyecto presentado por el diputado Raúl Benítez buscaba cerrar la Caja Parlamentaria y desmontar privilegios asociados a la jubilación vip, pero el planteamiento se encontró con una pared de resistencia política y argumentos de "inviabilidad" práctica. Varios legisladores sostienen que una eliminación inmediata no solo es jurídicamente compleja, sino que impactaría sobre personas que ya dependen del sistema y que fueron jubiladas bajo reglas vigentes. Ese punto, repetido en los pasillos y en declaraciones públicas, se instaló como el principal escudo contra la idea de "borrar" la Caja de un día para otro.
En esa línea se expresó el diputado cartista José Rodríguez, quien rechazó medidas abruptas y advirtió que no se puede decretar la desaparición de una caja previsional cuando existen beneficiarios activos que cobran de ella. Para el legislador, el debate debe enfocarse en una revisión integral que corrija desigualdades y reduzca el descrédito público, pero sin dinamitar el sistema de manera inmediata.
Del otro lado, aunque sin respaldar la eliminación total, el senador liberal Éver Villalba planteó que la discusión debería correrse hacia parámetros concretos: años de aporte, edad mínima y porcentaje del beneficio. En ese marco, consideró que el camino "razonable" es modificar la ley y suprimir la contribución estatal, de modo a transformar el esquema en algo similar a una caja privada. Villalba, además, cruzó al Ejecutivo por el modo en que encaró la reforma de la Caja Fiscal y cuestionó que se intente avanzar con medidas que, a su criterio, podrían afectar derechos ya consolidados, especialmente en sectores como docentes, militares y policías.
El planteamiento de Villalba expone una contradicción que atraviesa el debate previsional: mientras se discute ajustar parámetros y endurecer condiciones para sectores amplios del funcionariado, en el caso de la Caja Parlamentaria la discusión dominante no apunta a "eliminar" el régimen, sino a redefinir quién lo financia. La idea que gana terreno es que el Estado deje de cubrir parte de los costos y que sean los propios parlamentarios quienes sostengan su previsión con aportes y reglas internas.
La senadora liberal Celeste Amarilla fue todavía más tajante en ese enfoque. Sin entrar a respaldar de manera directa el proyecto de eliminación, sostuvo que la jubilación de legisladores -al igual que otros regímenes cerrados- no debería recibir subsidio público. Para ella, ninguna caja debería depender del Estado: cada una debe sostenerse con los aportes de sus miembros y regirse por normas propias, sin transferirle el costo al contribuyente.
Así, la discusión se reordena. La eliminación total queda, por ahora, relegada a una posición minoritaria, mientras la supresión del aporte estatal aparece como una salida políticamente menos explosiva y más fácil de defender en un contexto de hartazgo social con los privilegios. No se trata de desmontar el sistema, sino de cambiarle la fuente de oxígeno: que deje de respirar con recursos públicos.
El debate, además, se cruza con el paquete más amplio de reformas previsionales que impulsa el Ejecutivo en la Caja Fiscal. En ese escenario, cualquier decisión sobre la Caja Parlamentaria tiene un componente simbólico fuerte: para muchos sectores, el ajuste no puede ser solo para docentes, militares o policías, mientras la clase política conserva esquemas diferenciados. Por eso, aunque la eliminación total pierda fuerza, la presión por tocar el régimen -al menos quitándole el subsidio estatal- se instala como el nuevo eje de una discusión que promete escalar en las próximas semanas.
