Caja Fiscal: reforma parcial, presión social y un debate que expone el fondo del problema
El economista Dionisio Borda advirtió que la Caja Fiscal del Estado se encamina "inexorablemente" hacia una crisis severa en el año 2028, si no se introducen reformas estructurales de fondo.
Según su análisis, el sistema previsional requiere incorporar anualmente unos 100 millones de dólares adicionales para sostenerse, una cifra que evidencia la fragilidad financiera del esquema actual.
"Anualmente habría que ir agregando 100 millones más. Así como se presentan estos datos, la Caja Fiscal camina inexorablemente a una crisis severa para el año 2028", alertó durante una entrevista exclusiva con el diario El Nacional.
Frente a este escenario, Borda calificó la propuesta del Poder Ejecutivo como una reforma parcial que, incluso aceptando los números oficiales, solo permitiría cubrir entre el 60% y el 66% del déficit proyectado. Esto implica que, aun con la aprobación del proyecto tal como fue remitido al Congreso, el problema de fondo de la Caja Fiscal seguiría sin resolverse plenamente.
Uno de los puntos más controvertidos del plan gubernamental es el aumento del aporte de los funcionarios activos, que pasaría del 17% al 19%, lo que para el economista representa un impacto directo sobre los ingresos de los trabajadores del sector público.
A esto se suma una contribución estatal estimada entre el 2% y el 3%, porcentaje considerado insuficiente por diversos sectores, que reclaman una mayor participación del Estado en su rol de empleador.
Borda sostuvo que, en cualquier sistema jubilatorio, la carga debe repartirse entre el trabajador y la parte patronal, y recordó que en otros regímenes previsionales el empleador asume una porción significativamente mayor del aporte.
"Sabemos que en toda jubilación hay una parte aporta el empleado... y la otra parte aporta la parte patronal", añadió.
El debate también se concentra en tres ejes que generan fuerte resistencia social. El primero es la fijación de los 55 años como edad mínima para la jubilación; el segundo, la exigencia de 30 años de aporte; y el tercero, el llamado "año de pertenencia" o porcentaje de reemplazo, que determina cuánto del salario se percibe al jubilarse.
En la mayoría de los sectores, este porcentaje oscila entre el 70% y el 80%, lejos del 100%, lo que abre cuestionamientos sobre la suficiencia de los haberes jubilatorios.
Uno de los puntos más sensibles es la situación de quienes alcancen los 55 años sin haber completado los 30 años de aportes.
En ese caso, según explicó Borda, el acceso a la jubilación quedaría condicionado, lo que introduce un factor de incertidumbre para miles de funcionarios y profundiza el malestar social en torno a la reforma.
"Estos dos temas son extremadamente discordantes y están en plena discusión fuerte porque eso sería cambio importante", agregó.
La postergación por 40 días del tratamiento legislativo del proyecto no fue, según el análisis del economista, una muestra de buena voluntad política, sino el resultado directo de la presión gremial y del riesgo de una escalada de movilizaciones.
Para Borda, este período debe abrir un proceso real de negociación, dejando de lado la lógica de "todo o nada" planteada inicialmente por el Ejecutivo, si se pretende alcanzar una salida sostenible que evite una crisis mayor tanto en lo fiscal como en lo político.
"Va a depender de la movilización social y las fuerzas políticas para cambiar o mantener así. Es una incógnita", concluyó.