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Al encuentro asistirán gremios de docentes, miembros de la fuerza pública y técnicos del Ministerio de Economía y del Ministerio de Educación, en una pulseada que anticipa una discusión intensa sobre el futuro del sistema jubilatorio estatal. La intención de la comisión es avanzar en el análisis del texto modificado y definir una postura que permita remitir el proyecto al pleno de la Cámara Baja.
La iniciativa ya había sido aprobada en Diputados, pero luego fue revisada en el Senado, que introdujo modificaciones y la devolvió para un nuevo estudio. Ahora, la Cámara deberá resolver si acepta esos cambios, los rechaza o insiste en su versión original, en medio de una creciente presión de sectores que consideran que la reforma impactará directamente en sus condiciones de retiro.
Entre los puntos más sensibles figuran las nuevas disposiciones para docentes y magistrados. La versión remitida desde el Senado contempla que ambos sectores puedan acceder a la jubilación ordinaria a los 53 años de edad con 25 años de aportes, percibiendo el 78% del salario. En caso de extender la vida laboral hasta los 58 años y completar 30 años de servicio, el haber jubilatorio ascendería al 90%.
Para policías y militares, en tanto, la propuesta establece la posibilidad de retiro a los 55 años con 25 años de aporte o a los 60 años con 30 años de servicio. Además, se prevé que el Estado contribuya con un 10% dentro de ese esquema, uno de los aspectos que también concentra la atención de los sectores involucrados.
La intención formal de la comisión es emitir dictamen este mismo lunes, de modo a dejar habilitado el tratamiento del proyecto en una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados prevista para el martes 17, dentro del espacio de la reunión ordinaria convocada para las 09:00.
Con este escenario, el debate sobre la Caja Fiscal se encamina a una definición clave, con gremios movilizados, presión política creciente y un Congreso obligado a resolver una reforma que toca intereses sensibles y que reabre la disputa sobre cómo enfrentar el déficit del sistema previsional estatal.
