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Denuncias de irregularidades patrimoniales, transferencias bajo sospecha, viajes de lujo y una seguidilla de cuestionamientos públicos terminaron forzando la salida de Eddie Jara de la estatal petrolera, en uno de los primeros costos políticos visibles dentro del equipo de altos funcionarios del presidente Santiago Peña.
La salida de Eddie Jara de la presidencia de Petropar no ocurrió en el vacío ni puede leerse como un simple relevo administrativo. Llegó después de meses de denuncias, cuestionamientos patrimoniales, exhibiciones de lujo en medio de la crisis de una empresa estatal estratégica, pedidos públicos de destitución y sospechas sobre la gestión de contratos, compras y recursos. Santiago Peña aceptó este martes 10 de marzo de 2026 la renuncia de Jara y designó en su reemplazo a William Wilka, en un movimiento que se convierte en uno de los primeros costos políticos visibles dentro de su equipo de altos funcionarios.
La renuncia fue presentada por el propio Jara en términos defensivos. En su mensaje público afirmó que se apartaba "ante los hechos de público conocimiento" y con el propósito de contribuir a la "paz social", la "estabilidad institucional" y el "respeto debido a la República". El Ejecutivo anunció casi de inmediato a Wilka para conducir la estatal en lo que definió como el "segundo tiempo" de la gestión gubernamental.
La caída que se venía gestando
La salida de Jara se produjo después de que la Comisión Permanente del Congreso aprobara el 25 de febrero una declaración que instó formalmente al Poder Ejecutivo a apartarlo del cargo por "pérdida de confianza" y por los múltiples cuestionamientos que pesaban sobre su gestión. El documento remarcó que Petropar es una empresa pública estratégica y reclamó el esclarecimiento de los hechos, rendición de cuentas y resguardo del interés público.
Ese pronunciamiento fue el punto culminante de una presión política que se venía acumulando desde hacía meses. Durante ese periodo se registraron intentos de postergar o evitar el tratamiento del pedido de destitución, pero el debate terminó exponiendo el creciente desgaste del entonces titular de la petrolera estatal y la incomodidad que generaba dentro del propio oficialismo.
El expediente más delicado: las observaciones patrimoniales
Uno de los focos más sensibles de la crisis estuvo vinculado a las observaciones realizadas sobre las declaraciones juradas del entonces presidente de Petropar. En el análisis preliminar se detectaron inconsistencias relacionadas con viáticos, depósitos en efectivo de alto monto, transferencias entre cuentas vinculadas a la estatal y su cuenta personal, además de un nivel de gastos que no coincidía con los ingresos declarados.
Entre los puntos más controvertidos aparecieron pagos de viáticos por más de G. 103 millones para supuestos viajes oficiales al exterior sin registros migratorios correspondientes. Los destinos mencionados incluían Bolivia, Uruguay, Argentina, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos.
También se registraron depósitos en efectivo por más de G. 1.000 millones en cuentas personales y transferencias desde cuentas de Petropar a una cuenta bancaria vinculada al propio Jara por cerca de G. 496 millones. A esto se sumaban pagos de tarjetas de crédito por montos cercanos a G. 150 millones y un préstamo de G. 3.500 millones otorgado por el propio funcionario, cifras que generaron fuertes cuestionamientos sobre la coherencia entre su nivel de ingresos y su capacidad financiera.
Al momento de la renuncia, el análisis patrimonial aún no estaba completamente cerrado. El informe se encontraba en su fase final, pendiente de algunos datos adicionales provenientes del sistema tributario y de otras verificaciones vinculadas a movimientos patrimoniales recientes.
La defensa del ex titular de la petrolera
Jara rechazó las acusaciones y aseguró que todos los movimientos patrimoniales podían ser debidamente justificados. Sostuvo que sus descargos demostrarían que no existían irregularidades y cuestionó la difusión pública de datos mientras los procesos de verificación todavía estaban en curso.
Sin embargo, las explicaciones no lograron revertir el deterioro político. Legisladores de distintos sectores comenzaron a exigir la intervención del Ministerio Público para investigar posibles hechos punibles relacionados con el manejo de recursos y con las inconsistencias detectadas.
Ostentación, viajes y una imagen pública en crisis
El desgaste político también estuvo alimentado por la exposición pública de un estilo de vida asociado a lujos y viajes al exterior junto a su pareja, la diputada Johana Vega. Ambos quedaron en el centro de críticas tras difundirse imágenes de viajes internacionales, celebraciones ostentosas y la utilización de vehículos de alta gama.
Uno de los episodios más comentados fue el viaje realizado a Europa en agosto de 2025, seguido por otro viaje a Cancún semanas después. Estas salidas coincidieron con un periodo de conflicto con productores cañeros de Mauricio José Troche, quienes protestaban por incumplimientos vinculados al funcionamiento del tren de molienda de la planta alcoholera.
Otro hecho que generó cuestionamientos fue el alquiler de una residencia en San Bernardino por aproximadamente un mes, con un costo cercano a los 17.000 dólares, lo que volvió a instalar el debate sobre el nivel de vida del entonces titular de la estatal en medio de las investigaciones patrimoniales.
La polémica se intensificó cuando la diputada Vega fue vista utilizando una camioneta de alta gama durante actividades públicas de entrega de regalos y canastas familiares. Jara sostuvo que el vehículo era de su propiedad y que había sido adquirido mediante la entrega de otro rodado y el financiamiento del saldo en cuotas.
Los lujos que rodearon a la diputada
La diputada Johana Vega también acumuló cuestionamientos por su propio estilo de vida. Poco tiempo después de asumir su banca parlamentaria adquirió un inmueble en Mariano Roque Alonso y avanzó con la construcción de una vivienda de dos niveles.
A esto se sumaron celebraciones de cumpleaños de alto costo que incluyeron espectáculos internacionales, producción escénica, fuegos artificiales y regalos exclusivos. Incluso se generó polémica cuando en una sesión de la Cámara Baja su banca apareció rodeada de numerosos arreglos florales de alto valor.
Todos estos episodios contribuyeron a consolidar la percepción pública de que el entonces titular de Petropar estaba desconectado de la realidad social y de la situación financiera de la propia empresa estatal que dirigía.
Contratos cuestionados y compras bajo presión
Durante la gestión de Jara también surgieron críticas por contratos de provisión de combustibles y por mecanismos de compras de urgencia utilizados para abastecer el mercado.
Uno de los casos más discutidos fue el contrato con una firma internacional que acumuló múltiples prórrogas sin cumplir con la entrega de gasoil comprometido. Ante esos incumplimientos, Petropar tuvo que recurrir a varias compras de emergencia para garantizar el suministro.
Entre febrero de 2025 y enero de 2026 se realizaron adquisiciones por aproximadamente 368.500 metros cúbicos de combustible, operaciones que representaron un volumen cercano a G. 1,8 billones. Este mecanismo generó críticas por la escasa transparencia del procedimiento y por el impacto económico que implicó para la estatal.
La situación financiera de Petropar tampoco ayudó a mejorar la imagen de la gestión. Informes sobre balances recientes mostraban pérdidas acumuladas de cientos de miles de millones de guaraníes, lo que reforzó el cuestionamiento sobre la eficiencia administrativa.
El conflicto con cañicultores y el desgaste final
Otro frente de conflicto fue la crisis con los cañicultores de Mauricio José Troche. Productores de la zona realizaron protestas y cierres de rutas durante meses para exigir el cumplimiento de compromisos relacionados con la modernización del tren de molienda de la planta alcoholera.
Las manifestaciones incluyeron advertencias de acciones legales y reclamos directos contra la conducción de la empresa estatal. El conflicto terminó convirtiéndose en uno de los factores que aceleraron el desgaste político del entonces titular de Petropar.
Un relevo que no cierra la crisis
La designación de William Wilka como nuevo presidente de Petropar busca descomprimir el clima político alrededor de la estatal. Sin embargo, el cambio de autoridades no cierra los cuestionamientos acumulados ni las investigaciones sobre la gestión anterior.
El expediente patrimonial aún no concluyó y las denuncias vinculadas a contratos, compras de combustible y manejo de recursos continúan bajo análisis. La salida de Eddie Jara marca así un punto de inflexión dentro del equipo de altos funcionarios del gobierno.
Después de meses de presión pública, escándalos y pérdida de credibilidad, uno de los funcionarios más cuestionados del gabinete ampliado terminó dejando el cargo. La discusión que queda abierta es si esta renuncia será apenas un movimiento para descomprimir la crisis o el inicio de una depuración más profunda dentro de las instituciones públicas.
