Buscan frenar el fraude con agua embotellada: proponen control y certificación obligatoria
La propuesta legislativa apunta a llenar los vacíos normativos que permiten hoy que operen empresas sin controles reales. Un caso ocurrido en la zona de Loma Merlo, en Luque, encendió las alarmas: allí se descubrió que se estaba vendiendo agua de cañería en botellas como si fuera agua mineral, sin ningún tipo de regulación sanitaria confiable. El episodio evidenció la fragilidad del sistema actual.
Según los proyectistas, el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) es la entidad que actualmente fiscaliza la calidad del agua envasada, pero sus controles se limitan a muestras obtenidas de los propios proveedores, lo que no asegura una verificación independiente desde la fuente. Mientras tanto, la Entidad Reguladora de Servicios Sanitarios (ERSSAN) solo se encarga de verificar la infraestructura de las empresas aguateras, sin supervisar directamente el contenido de las botellas.
Además, mencionan que el acuerdo firmado en 2013 entre la Cámara Paraguaya de Agua Mineral y el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) no es obligatorio ni prevé sanciones, lo que ha permitido que sigan operando aguateras clandestinas que no respetan los estándares básicos de salubridad.
El proyecto plantea una serie de medidas concretas: inscripción obligatoria de todas las embotelladoras y distribuidoras en registros del INAN, ERSSAN e INTN; análisis técnicos anuales en laboratorios certificados; controles sorpresa y muestreos mensuales bajo criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS); además de un etiquetado transparente que incluya el tipo de agua, su procedencia y datos actualizados de calidad.
También prevé un registro público en línea con datos de las empresas habilitadas, junto con las sanciones aplicadas, para que los consumidores puedan verificar el estado de cada operador. Entre las penalidades figuran multas, decomisos, clausura temporal o definitiva de establecimientos y otras sanciones para quienes infrinjan la ley, falsifiquen análisis o vendan agua sin autorización.
El texto estipula que la norma comenzará a regir 180 días después de su promulgación, y que el Ejecutivo contará con 90 días para reglamentarla. Los legisladores aseguraron que el proyecto está en línea con estándares adoptados por organismos internacionales como la OMS, la FDA de Estados Unidos y regulaciones de la Unión Europea, con el objetivo de garantizar la trazabilidad, seguridad y calidad del agua embotellada que se ofrece al consumidor final.
Para los autores de la propuesta, el proyecto no solo representa un paso en la protección de la salud pública, sino que también busca recuperar la confianza en el mercado formal de agua mineral, golpeado por prácticas desleales y peligrosas.