PolíticaAnte últimas brechas
Una propuesta legislativa presentada recientemente en la Cámara de Diputados pretende reforzar las sanciones penales para quienes participen, faciliten o inciten la evasión de reclusos, haciendo especial hincapié en la responsabilidad de los funcionarios del Estado y en los casos de fugas múltiples. La iniciativa, impulsada por el diputado Yamil Esgaib, plantea una modificación del artículo 294 del Código Penal Paraguayo, que rige a través de la Ley 1160/97.
El proyecto mantiene la pena base actual —hasta tres años de cárcel o multa— para los ciudadanos que cooperen en la fuga de un interno. Sin embargo, propone una ampliación considerable en los casos en que los involucrados sean agentes públicos o penitenciarios, fijando una sanción de entre cuatro y diez años de prisión, en reemplazo del máximo de siete años que establece hoy el Código. Este cambio responde a la obligación institucional de dichos funcionarios de velar por la seguridad en los centros de reclusión.
Asimismo, se incorpora un nuevo agravante en situaciones donde se libere a más de un preso. La figura de "fuga masiva" implicaría una pena que oscilaría entre cinco y quince años de cárcel, buscando desincentivar la participación en hechos que afecten gravemente la seguridad del sistema penitenciario.
La propuesta se encuentra en su etapa inicial de análisis dentro del proceso legislativo y será abordada durante la sesión ordinaria del martes 8 de abril. Ya ha sido derivada a varias comisiones asesoras para su dictamen, entre ellas, las de Asuntos Constitucionales, Legislación y Codificación, Justicia, Trabajo y Previsión Social, Reestructuración y Modernización del Estado, y Asuntos Económicos y Financieros.
El debate legislativo se da en un contexto de creciente preocupación ciudadana por las condiciones del sistema penitenciario, la corrupción interna y los antecedentes de fugas masivas que han sacudido al país en los últimos años. La intención del proyecto es establecer herramientas legales más severas que permitan prevenir estos episodios, así como responsabilizar con mayor contundencia a quienes, desde dentro del propio Estado, permiten que ocurran.
