PolíticaProyecto de ley
Tres diputados presentaron un proyecto de ley que propone sanciones penales más severas contra quienes organicen o participen en carreras ilegales de autos, con penas de hasta 10 años de prisión y el decomiso de los vehículos utilizados. La iniciativa surge ante el aumento de este tipo de prácticas en zonas urbanas, las cuales han sido relacionadas con un importante número de accidentes fatales, especialmente durante la noche.
La propuesta legislativa plantea introducir un nuevo artículo en el Código Penal que establezca como crimen la realización de competencias de velocidad sin autorización, ya sea en espacios públicos o privados, cuando no se cuenta con medidas de seguridad y los fines sean lucrativos, de apuestas o de simple exhibicionismo. De ser aprobada, esta figura penal impondrá penas de 3 a 8 años de cárcel para los organizadores, promotores, participantes o facilitadores. En casos donde estas carreras terminen en muertes, lesiones graves o destrozos, las penas se elevarían de 5 a 10 años.
Un elemento central del proyecto es la confiscación obligatoria de los vehículos involucrados, a menos que pertenezcan a terceros que demuestren buena fe. Los automóviles decomisados serían transferidos a instituciones estatales o vendidos para financiar acciones vinculadas a la seguridad vial. También se establecen agravantes: las sanciones aumentarían un tercio si el hecho involucra a vehículos modificados de forma irregular, menores de edad o funcionarios públicos.
Los parlamentarios proponentes, Liz Acosta, Yamil Esgaib y Jorge Barressi, justifican la medida alegando que el marco legal actual no ofrece una herramienta adecuada para frenar esta conducta, ya que solo contempla la conducción temeraria. En ese sentido, afirman que es urgente una legislación que permita a las autoridades actuar con mayor contundencia frente a un fenómeno que pone en peligro la vida de conductores, peatones y terceros. La normativa entraría en vigencia treinta días después de su publicación y estaría bajo competencia de los tribunales penales ordinarios.
