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Durante su exposición en la Cámara de Diputados, el legislador sostuvo que, pese a la gravedad de las irregularidades detectadas en la gestión y en el patrimonio del titular de Petropar, no se ha activado ninguna reacción institucional acorde a los hechos. Señaló que transferencias directas desde cuentas de la empresa estatal a la cuenta personal de Jara, sin respaldo documental y por fuera de su salario, siguen sin explicación pública ni consecuencias administrativas o judiciales.
Benítez apuntó directamente a la falta de respuesta del Ministerio Público y a la inacción de la comisión bicameral encargada de analizar los informes de la Contraloría. Recordó que hace más de 24 horas se solicitó formalmente la convocatoria de Eddie Jara a dicha instancia y que, hasta el momento de su intervención, no existía ninguna señal de que se vaya a producir esa comparecencia.
Para el diputado, esta pasividad confirma lo que describió como un "copamiento tóxico" de las instituciones, que impide que los órganos de control funcionen con independencia cuando las denuncias alcanzan a figuras políticamente protegidas. Sostuvo que, en un país con estándares mínimos de seriedad institucional, Petropar debería haber sido allanada y su titular apartado del cargo mientras se esclarecen los hechos.
En un tono crítico, Benítez cuestionó la ausencia total de documentación que justifique transferencias millonarias realizadas desde una empresa pública a una cuenta privada y ironizó sobre la forma en que se habrían ejecutado esos movimientos, aludiendo a un manejo discrecional de los recursos de la petrolera estatal. También puso bajo sospecha el cobro de viáticos por viajes que, según los registros, no se habrían concretado.
El legislador advirtió que sostener a un presidente de empresa pública bajo este nivel de cuestionamientos no solo deteriora la credibilidad de Petropar, sino que erosiona aún más la confianza ciudadana en las instituciones. En ese marco, alertó sobre el riesgo de repetir esquemas de administración que ya derivaron en escándalos de alto impacto y que terminaron pagando los contribuyentes.
Finalmente, Benítez reclamó que Eddie Jara dé explicaciones públicas y deje de eludir los controles institucionales. Sostuvo que, si no se actúa con rapidez y firmeza, el mensaje que se transmite es que el uso discrecional de fondos públicos puede quedar impune cuando existe respaldo político suficiente, con los ciudadanos nuevamente como los principales perjudicados.
