Bancada oficialista buscaría destitución de opositor "rebelde"
Aunque oficialmente la bancada de Honor Colorado impulsa un pedido de suspensión de 60 días sin goce de sueldo —la pena máxima prevista por el reglamento—, lo cierto es que los movimientos posteriores en la Cámara de Diputados apuntan a un trasfondo más profundo: la intención de acorralar políticamente al parlamentario opositor e incluso avanzar hacia su eventual destitución mediante la pérdida de investidura.
El detonante del conflicto fue la sesión pasada, en la que Martínez calificó de "colorratas" a los legisladores que rechazaron su proyecto de ley contra los cobros compulsivos de la OPACI. Tras sus dichos, pidió disculpas ante el pleno, pero esto no aplacó la furia del oficialismo. El vicelíder de bancada cartista, Miguel Del Puerto, dejó entrever que el arrepentimiento del liberal no convenció a todos en su sector, al considerar que fue contradictorio, especialmente porque luego de disculparse aseguró ante la prensa que recibió amenazas de muerte por parte de supuestos sicarios.
Durante la reunión de mesa directiva celebrada este miércoles, el presidente en ejercicio de la Cámara Baja, Hugo Meza, confirmó que se habilitó un canal de diálogo entre los liberales y los cartistas. En ese marco, el representante del PLRA, Federico "Freddy" Franco, ofreció una salida diplomática que evite una sanción severa, apelando a una nueva disculpa formal del legislador cuestionado.
Sin embargo, las señales que emanan de Honor Colorado son ambiguas. Del Puerto reconoció la posibilidad de considerar el pedido del PLRA, pero insistió en que varios diputados de su bancada siguen con la "sangre en el ojo" y reclaman una sanción ejemplar. Algunos incluso califican a Martínez como reincidente y lo comparan con el caso del propio Yamil Esgaib, suspendido anteriormente por 30 días por conductas agresivas.
Aunque en el discurso público los cartistas hablan de moderación, lo cierto es que el ensañamiento con el diputado liberal sugiere que la suspensión es apenas el primer paso. La presión crece y, con ella, la sospecha de que el objetivo real es llevar a Martínez hasta el borde de la pérdida de investidura, lo que implicaría su expulsión del Congreso. La tensión entre oficialismo y oposición se recrudece, mientras el Parlamento se convierte una vez más en escenario de pugnas políticas que dejan entrever la fragilidad de la institucionalidad y la delgada línea entre el castigo y la persecución.
