Bachi suma denuncia penal por presunto tráfico de influencias y contrataciones irregulares
Una nueva polémica golpea a la administración del presidente del Congreso, Basilio "Bachi" Núñez, luego de que un funcionario de la propia institución formalizara una denuncia penal ante la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público.
La presentación fue realizada por el abogado y funcionario legislativo Francisco Rubén Penayo Almada, quien sostiene que durante la gestión de Núñez se habrían producido una serie de irregularidades vinculadas a contrataciones, nombramientos y pagos dentro del Senado y el Congreso Nacional.
En el escrito, Penayo señala que desde que Bachi asumió la titularidad del Poder Legislativo se registraron centenares de incorporaciones de funcionarios presuntamente ligadas a criterios políticos y partidarios antes que a la capacidad técnica o profesional.
Según la denuncia, alrededor de 300 personas habrían sido contratadas o nombradas durante la actual administración, en procesos que, de acuerdo con el denunciante, no habrían respetado mecanismos de selección transparentes ni concursos públicos que garanticen igualdad de oportunidades.
El funcionario también cuestiona la supuesta falta de idoneidad en varias designaciones y afirma que las promociones salariales y nombramientos habrían favorecido principalmente a personas vinculadas políticamente al oficialismo.
Otro de los puntos centrales de la denuncia apunta al esquema de bonificaciones y sobresueldos dentro del Congreso. Penayo sostiene que Basilio Núñez percibió importantes sumas adicionales a su dieta parlamentaria en concepto de bonificaciones mensuales.
El documento menciona que esos pagos habrían alcanzado más de G. 21 millones mensuales extras, situación que, según el denunciante, rompe la razonabilidad del gasto público y supera incluso la remuneración establecida para el presidente de la República.
La denuncia reaviva además cuestionamientos previos que ya habían surgido alrededor de la administración legislativa, especialmente por el crecimiento de la nómina de funcionarios y las críticas opositoras sobre supuestos privilegios y manejos discrecionales dentro del Congreso.
Penayo ya había protagonizado meses atrás otro enfrentamiento con las autoridades legislativas, cuando denunció públicamente haber sido degradado en su categoría salarial. En aquel momento también expuso supuestas irregularidades en contrataciones y en la estructura administrativa del Senado.
Hasta el momento, Basilio Núñez no emitió una respuesta oficial sobre la denuncia presentada en su contra ante el Ministerio Público.