Bachi señala que gobiernos anteriores permitieron que el crimen permee en el Estado
A criterio del parlamentario, se trata de una medida trascendental que refuerza la política de seguridad nacional y eleva la capacidad del Estado para combatir a las mafias que operan en la región.
Núñez señaló que el reconocimiento formal de estos grupos como terroristas permitirá aplicar herramientas legales más rigurosas contra sus miembros y colaboradores, especialmente en los territorios más expuestos al crimen organizado. Hizo hincapié en que los departamentos fronterizos de Amambay, Canindeyú y Alto Paraná continúan siendo los puntos más sensibles debido a su conexión directa con Brasil y al poder de las facciones criminales que allí operan.
El legislador destacó que Paraguay da un paso inédito en Sudamérica al incluir a estas organizaciones dentro del marco antiterrorista, lo cual —dijo— demuestra una nueva visión en materia de seguridad y cooperación internacional.
Recordó además que en gobiernos anteriores se detectaron irregularidades que facilitaron el avance de las estructuras criminales. "En su momento, hubo instituciones públicas que terminaron permeadas por vínculos con el crimen. Esa permisividad abrió las puertas a estas organizaciones", señaló.
Núñez valoró igualmente el crecimiento del plantel policial en los últimos años, asegurando que la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional solo será efectiva con mayor inversión en personal y equipamiento. Anunció que el Congreso trabajará de forma coordinada con el Ejecutivo para acompañar la ejecución de esta política de seguridad.
En relación con la agenda política, el senador adelantó que la reunión entre el presidente Santiago Peña y los líderes de la oposición sigue prevista y que se realizará cuando los tiempos institucionales lo permitan. Afirmó que no existen conflictos internos sobre el tema y cerró diciendo que la decisión del Gobierno "marca un antes y un después en la defensa de la soberanía frente a las amenazas del crimen organizado".