Congreso

Bachi Núñez plantea elevar la edad jubilatoria de legisladores en medio del rechazo a la reforma de la Caja Fiscal

En plena escalada de cuestionamientos contra la reforma de la Caja Fiscal impulsada por el Ejecutivo, el presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez, anunció que trabaja en un proyecto de ley para aumentar de 55 a 57 años la edad mínima de jubilación de los parlamentarios. La propuesta surge mientras gremios docentes y otros sectores rechazan que el ajuste previsional recaiga sobre los trabajadores y advierten con medidas de fuerza.
Basilio "Bachi" Núñez. Gentileza.

El senador sostuvo que la iniciativa busca equiparar las condiciones de los legisladores con las exigencias planteadas para otros regímenes jubilatorios. Según afirmó, si se plantea elevar la edad para la jubilación de docentes y otros funcionarios, el Congreso también debe asumir ese mismo estándar. No obstante, evitó precisar cómo quedarían los años de aporte dentro del sistema previsional parlamentario, uno de los puntos más cuestionados por la ciudadanía.

Núñez adelantó que su intención es que las reformas vinculadas a las cajas de docentes, policías, militares y parlamentarios se analicen de manera simultánea cuando el Congreso retome la actividad ordinaria en febrero. Aseguró, además, que realizará las gestiones políticas necesarias para lograr el respaldo de sus colegas, aunque reconoció que los detalles técnicos aún no están definidos.

Actualmente, el régimen jubilatorio de los legisladores permite acceder a una jubilación con apenas dos periodos de aporte, equivalentes a diez años, percibiendo el 60% del salario. Con tres periodos, es decir quince años, los beneficiarios acceden a una jubilación ordinaria que supera los 30 millones de guaraníes mensuales, un esquema que es duramente criticado y al que se suele denominar "jubilación vip".

El propio Núñez relativizó el impacto personal de ese beneficio y afirmó que, en su caso, contar o no con la jubilación del Congreso "le da igual". Sin embargo, el debate volvió a instalarse con fuerza ante el clima social generado por la reforma previsional impulsada por el Gobierno.

Sobre el déficit de las cajas, el titular del Congreso sostuvo que la parlamentaria no se encuentra actualmente en una situación crítica y que funciona prácticamente como una caja privada, sin aporte estatal directo. Aun así, reconoció que en los próximos días se tendrá mayor claridad sobre cuándo podría empezar a resentirse financieramente.

Durante una reunión con gremios docentes, el presidente de la Comisión Permanente, Colym Soroka, fue más allá y planteó que ninguna caja debe quedar fuera del análisis. Señaló que la jubilación parlamentaria genera un fuerte malestar social y que, si se confirma que representa un perjuicio para el país, incluso debería evaluarse su eliminación.

En la misma línea se expresó el senador Ignacio Iramain, quien cuestionó la sostenibilidad del sistema y afirmó que el primer gesto que debería dar la clase política es avanzar directamente hacia la supresión de la caja jubilatoria de los legisladores.

Mientras el Ejecutivo defiende la reforma de la Caja Fiscal como una medida necesaria para reducir el déficit y garantizar la sostenibilidad del sistema, el anuncio de Núñez abre un nuevo frente de debate que vuelve a poner bajo la lupa los privilegios del poder político y la falta de definiciones claras sobre el futuro de las jubilaciones en el país.