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La controversia se desató luego de que la presidencia del Senado ubicara al senador Patrick Kemper, aliado del oficialismo, en el primer lugar de la lista de integrantes de la comisión, pese a que la iniciativa fue impulsada por la senadora Esperanza Martínez junto con otros legisladores de la oposición y la disidencia colorada.
En la práctica parlamentaria, quien aparece primero en la nómina suele tener ventaja para convocar la primera reunión e instalar la comisión, lo que abre la puerta a incidir en la elección de autoridades. La oposición sostiene que esta decisión apunta a dejar en manos del oficialismo la conducción de una investigación que nació tras el escándalo del exsenador cartista Hernán Rivas y su presunto título falso.
Núñez negó que exista una maniobra para controlar el proceso y sostuvo que la integración de la comisión no define de antemano quién será su presidente. Según afirmó, la elección de las autoridades dependerá de las conversaciones entre los propios miembros del órgano investigador.
El titular del Senado también defendió la ampliación del alcance de la comisión, que no solo investigará títulos de grado, sino también documentos académicos de posgrado. Para Núñez, esa decisión demuestra que no existe intención de frenar la pesquisa, sino de darle mayor amplitud.
Sin embargo, las críticas apuntan a la correlación de fuerzas dentro de la comisión. El oficialismo y sus aliados cuentan con mayoría mediante la presencia de Patrick Kemper, Derlis Maidana, Lizarella Valiente, Juan Carlos Galaverna, Zenaida Delgado y Dionisio Amarilla. Del otro lado quedaron Blanca Ovelar, Esperanza Martínez, Rafael Filizzola, Celeste Amarilla y Yolanda Paredes.
Con esos números, el cartismo y sus aliados tendrían margen suficiente para imponer una presidencia afín y controlar el ritmo de una investigación que promete tocar intereses políticos, académicos e institucionales.
La comisión fue creada en medio del fuerte impacto político generado por el caso Hernán Rivas, quien renunció al Senado el 8 de mayo, un día después de que la Corte Suprema anulara el sobreseimiento que lo beneficiaba y habilitara el avance de la causa hacia juicio oral y público.
El órgano tendrá facultades para recibir denuncias, solicitar informes a universidades y entidades públicas, convocar a autoridades y elaborar un informe final que podrá ser remitido a instituciones como el Ministerio Público, la Corte Suprema y la Contraloría.
La disputa por la conducción de la comisión expone nuevamente la tensión entre el discurso de investigar una presunta red de títulos falsos y las sospechas de blindaje político hacia sectores que ya fueron salpicados por este tipo de denuncias.
