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Tras las críticas y sospechas que despertó su iniciativa de recortar las vacaciones legislativas, el titular del Legislativo propuso un acuerdo entre líderes parlamentarios que permita retomar las sesiones ordinarias ya en el mes de febrero.
El senador sostuvo que su planteamiento fue malinterpretado por sectores que, según afirmó, buscan instalar un temor infundado sobre una supuesta intención de abrir el debate de la reelección presidencial. En ese contexto, apuntó directamente contra legisladores opositores que asociaron la propuesta con un intento encubierto de reformar la Carta Magna, y los calificó de "alérgicos al trabajo", al tiempo de rechazar cualquier paralelismo con antecedentes políticos del pasado.
Las reacciones no solo surgieron desde la oposición parlamentaria. Referentes de la sociedad civil también expresaron reparos, recordando el precedente de 2017, cuando una iniciativa de enmienda constitucional derivó en una fuerte crisis política y social, marcada por protestas masivas y el asesinato del joven liberal Rodrigo Quintana durante un operativo policial.
Ante ese escenario, Núñez aseguró que no tiene sentido "disfrazar" una eventual reforma constitucional con otro proyecto y remarcó que su objetivo es estrictamente operativo: lograr que el Congreso vuelva a sesionar antes de marzo. Como salida, propuso un entendimiento político amplio entre jefes de bancada y autoridades legislativas para evitar suspicacias y avanzar sin generar un nuevo foco de tensión institucional.
En declaraciones radiales, el titular del Congreso sostuvo que la alternativa del consenso interno es más viable y menos conflictiva, especialmente en un contexto en el que existen temas urgentes en la agenda legislativa. Entre ellos mencionó el debate sobre reformas económicas impulsadas por el Ejecutivo y el impacto del aumento sostenido de los precios de la carne, que genera preocupación social.
Núñez afirmó que no dará marcha atrás en su intención de activar el trabajo parlamentario y que está dispuesto a dialogar tanto con sus colegas como con el presidente de la Comisión Permanente para viabilizar sesiones desde febrero. "Si hay voluntad política, se puede sesionar sin necesidad de abrir un debate constitucional", insistió.
Actualmente, los legisladores iniciaron formalmente su receso poco antes de las fiestas de fin de año y tienen previsto retomar actividades recién en marzo. Durante ese periodo, continúan percibiendo sus salarios completos, que tras los últimos reajustes ascienden a alrededor de 38 millones de guaraníes mensuales para cada uno de los 125 parlamentarios, entre senadores y diputados, cifra que vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento del Congreso en tiempos de receso.
La propuesta de un "plan B" para adelantar el regreso al pleno reaviva el debate sobre la carga laboral del Parlamento y la necesidad de dar señales políticas en un contexto de creciente malestar ciudadano, donde el nivel de ingresos de los legisladores y la extensión de sus vacaciones vuelven a convertirse en un punto sensible de la discusión pública.
