Bachi atribuye a "guerra de empresas" las críticas por el service de ascensores del Congreso
El legislador sostuvo que las críticas se enmarcan en una disputa comercial entre firmas del rubro y defendió el procedimiento alegando urgencia por la cercanía del receso parlamentario.
La adjudicación recayó en Oga Ascensores, empresa representada por Néstor Ramón Agüero. Los equipos, sin embargo, habían sido instalados hace alrededor de un año por otra firma, Astelev, y el contrato original contemplaba una garantía técnica de fábrica de al menos un año, que incluía mantenimientos preventivos mensuales sin costo para la institución durante ese periodo. Astelev, además, arrastra el antecedente de una sanción aplicada el año pasado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas por presentación de documentos de contenido falso.
Según lo expuesto por Núñez, el acuerdo firmado con Oga responde a un esquema "abierto y por evento", y remarcó que hasta el momento no se habría desembolsado dinero porque, afirmó, todavía no se requirió la ejecución del mantenimiento de esos seis ascensores. Esa fue una de las líneas de defensa que el senador reforzó en sintonía con un comunicado difundido por la Presidencia del Congreso.
El presidente del Congreso también buscó marcar una diferencia entre lo que cubre la garantía del proveedor original y lo que, en su visión, quedaría fuera de ese paraguas. Dijo que la garantía contemplaría únicamente fallas de fabricación o instalación, pero no abarcaría daños atribuibles a terceros, vandalismo o inconvenientes derivados de problemas en la tensión eléctrica del edificio.
En ese marco, justificó que se haya recurrido a la vía de excepción con el argumento de que el calendario legislativo apremiaba y que, de no avanzar, el Congreso quedaría sin cobertura de mantenimiento durante el receso. Aun así, evitó dar precisiones sobre la supuesta "guerra de empresas" a la que atribuyó el origen de los cuestionamientos.
En la misma conversación pública, Núñez también se refirió al debate por la Caja Parlamentaria y la llamada "jubilación VIP", discusión que volvió a ganar fuerza en paralelo al plan de reforma de la Caja Fiscal. Recordó que, mientras se discuten cambios para el sistema previsional del sector público —como elevar la edad mínima de jubilación, idea resistida por gremios docentes y de las fuerzas públicas—, los parlamentarios pueden acceder al beneficio desde los 55 años con apenas 10 años de aporte.
Sobre la propuesta del diputado Raúl Benítez de eliminar la Caja Parlamentaria, Núñez se mostró en contra y argumentó que una medida de ese tipo terminaría trasladando a los contribuyentes la carga de pagar a quienes ya están jubilados bajo ese esquema. De todos modos, dijo coincidir con una iniciativa del senador Silvio Ovelar para que la Caja deje de recibir aportes del Estado y se financie únicamente con los aportes de los propios congresistas.
El senador cartista también volvió sobre su planteamiento de declarar una "emergencia vial" por el elevado número de siniestros en rutas, discusión reavivada por casos recientes y por los cuestionamientos en torno al estado de tramos como la Ruta PY08. Sin apuntar directamente a responsabilidades institucionales, Núñez insistió en que la mayoría de los accidentes responde a errores humanos y pidió reforzar controles de velocidad, alcoholemia y uso de elementos de seguridad, además de campañas de educación vial.
En ese punto, criticó que no se apliquen medidas de fiscalización tecnológica como fotomultas o radares en rutas y sostuvo que herramientas de ese tipo podrían reducir de manera significativa —mencionó hasta un 30%— las muertes por accidentes, si se acompañan de controles y prevención sostenida.
Finalmente, el titular del Congreso dio su mirada sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea firmado en Asunción tras más de dos décadas de negociaciones. Señaló que el entendimiento podría abrir oportunidades para los productores locales por el acceso en condiciones favorables al mercado europeo y destacó, desde una lectura política, que el hecho de que la firma se haya concretado en Asunción proyecta al presidente Santiago Peña como una figura con peso regional.