La Asociación Rural del Paraguay (ARP) exigió al Gobierno nacional el exterminio del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y de las demás nucleaciones terroristas que operan en el norte del país. El importante gremio empresarial del sector productivo considera que la eliminación de estos grupos subversivos devolverá la tranquilidad a los pobladores y a la clase trabajadora.
“Estos grupos terroristas pretenden tomar el gobierno a través de las armas, según manifiestan públicamente. Hasta que no se exterminen estos grupos, no vamos a tener tranquilidad. El Estado, al estar con esta actitud contemplativa, no le deja una buena imagen”, declaró Pedro Galli, presidente de la ARP.
Durante una entrevista que brindó a la radioemisora 780 AM, el líder gremial opinó que los hechos de secuestros de personas inocentes se vuelven cada vez más repetitivos, y añadió que el Estado posee la obligación de responder de manera clara y urgente sobre la ola de violencia que siembra el terror en los departamentos de Concepción y San Pedro.
Galli refirió que, hasta el momento, los familiares de las víctimas de plagio no tienen ninguna garantía de que sus seres queridos volverán con vida a sus respectivos hogares.
Con respecto al secuestro más reciente, el del joven colono menonita Peter Reimer, el empresario criticó que el autodenominado EPP intente realizar propaganda a través de métodos extorsivos, como las exigencias de entrega de víveres para la liberación de la víctima.
“Estas exigencias tienen el sello del EPP. En todos los eventos anteriores de secuestro, obraron de manera similar. Es lamentable y triste la pretendida publicidad, ya que se le somete a esta pobre gente, que muchas veces tiene que aceptar la humillación aberrante de aceptar víveres provenientes de grupos terroristas”, culminó.
Hace unos días fue privado de su libertad por parte de criminales armados el joven electricista Peter Reimer en la zona de la estancia Guyrá Campana, ubicada entre las ciudades de Tacuatí y Santa Rosa del Aguaray, quienes exigieron la entrega de víveres por valor de USD 500 mil a 20 comunidades vulnerables de Amambay, San Pedro y Canindeyú.
