Judiciales

Armando Javier Rotela afrontará otro juicio por motín y toma de rehenes en Tacumbú

La Justicia elevó a juicio oral la causa contra el líder del Clan Rotela y otros tres acusados por los violentos hechos ocurridos en octubre de 2023, cuando 23 funcionarios penitenciarios fueron retenidos durante 17 horas.
Armando Rotela, detenido. Archivo.

La jueza penal de garantías Clara Ruiz Díaz resolvió elevar a juicio oral y público la causa contra Armando Javier Rotela, señalado como líder del denominado Clan Rotela, junto con otros tres acusados, por su presunta participación en el motín registrado en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú en octubre de 2023.

Tras la audiencia preliminar, el juzgado admitió en su totalidad la acusación presentada por el Ministerio Público, que atribuye a los procesados los hechos punibles de toma de rehenes, motín de internos, hurto especialmente grave y asociación criminal.

De acuerdo con la investigación fiscal, el 10 de octubre de 2023 se inició un levantamiento dentro del penal que habría sido impulsado por órdenes directas de Rotela. El trasfondo del conflicto estaba vinculado a la exigencia del recluso de mantener contacto con la prensa para desmentir declaraciones del entonces ministro de Justicia sobre el presunto secuestro y asesinato del interno Oliver Lezcano.

En ese contexto, un grupo de internos tomó el control del portón 6 armado con armas blancas y teléfonos celulares. Durante el motín se registraron incendios de colchones, destrozos en la infraestructura y amenazas contra autoridades y guardias penitenciarios.

Cuando el entonces director del penal, Luis Esquivel, acudió a dialogar con los amotinados, fue reducido, herido con dos cortes en la espalda y declarado rehén. Posteriormente fue trasladado a distintos sectores del penal, incluyendo el pabellón donde se encontraba Rotela.

En total, 23 funcionarios penitenciarios permanecieron retenidos bajo amenazas durante aproximadamente 17 horas. En ese lapso, parte del grupo accedió a la armería de la cárcel, de donde sustrajeron cinco escopetas, ocho pistolas y dos lanzagranadas, tras cortar el suministro eléctrico.

Las negociaciones se desarrollaron con la intervención del entonces viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, quien exigió pruebas de vida de los rehenes. A través de una videollamada, el director confirmó que seguían con vida, lo que derivó en el retiro de las fuerzas de seguridad del interior del penal.

Finalmente, los rehenes fueron liberados en la tarde del 11 de octubre de 2023. El director presentaba heridas de carácter leve, mientras que los demás funcionarios fueron puestos en libertad tras horas de tensión que evidenciaron la fragilidad del control estatal dentro del principal centro penitenciario del país.

El caso ahora avanzará a juicio oral, en un proceso que vuelve a poner en foco el poder de las estructuras criminales dentro de las cárceles y los desafíos pendientes en materia de seguridad penitenciaria.