Aprueban límite a embargos y descuentos salariales en el sector público
La propuesta busca poner freno a los abusos que hoy afectan a gran cantidad de funcionarios, quienes terminan viendo reducidos sus ingresos en niveles que les impiden cubrir sus necesidades más elementales.
La iniciativa se fundamenta en el principio constitucional que garantiza a los trabajadores una remuneración suficiente y digna. Según los proyectistas, muchos servidores públicos caen en insolvencia por los descuentos compulsivos de créditos y embargos, quedando prácticamente sin salario pese a sus años de trabajo.
El texto aprobado establece que las deducciones de este tipo no podrán superar el 50% de los haberes mensuales, siempre que sean autorizadas expresamente y canalizadas a través de entidades reconocidas, como cooperativas, mutuales, sindicatos o asociaciones. La intención no es limitar el acceso al crédito, según se aclaró, sino asegurar que el sueldo mantenga su función de sustento.
Entre las modificaciones introducidas figura la adopción del término "servidor público" en reemplazo de denominaciones anteriores, para armonizar con la reciente Ley de la Función Pública y del Servicio Civil. También se excluyó a jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales del alcance de la normativa. Además, se dispuso que las Unidades de Gestión y Desarrollo de las Personas de cada organismo estatal sean las encargadas de recibir denuncias y garantizar la aplicación de la norma, previendo sanciones graves en caso de incumplimiento.
La diputada Cristina Villalba defendió el dictamen de la Comisión de Presupuesto, destacando la necesidad de ordenar el sistema. Rocío Abed resaltó que la nueva regulación asegura que el monto retenido no supere la mitad de los ingresos. Jorge Ávalos, por su parte, señaló que se incorporan herramientas claras para evitar abusos, mientras que Rocío Vallejo valoró la inclusión de un mecanismo de prelación de cobros, que organiza la multiplicidad de descuentos que afectan a los funcionarios.
Carlos Pereira también expresó su respaldo, subrayando que la medida constituye un avance hacia la justicia social. Tras su aprobación en Diputados, el proyecto vuelve al Senado para un nuevo análisis, con el objetivo de convertirse en una ley que brinde mayor equidad y protección a los trabajadores estatales.