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La iniciativa se da en un contexto marcado por el calendario electoral municipal de 2026 y por los reiterados cuestionamientos públicos sobre el origen de los recursos que rodean a candidaturas partidarias.
La presentación del material está prevista para el miércoles 17 de diciembre, durante una sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno convocada para horas de la tarde. El encuentro fue convocado por el titular del partido, Horacio Cartes, quien además lidera el movimiento Honor Colorado, sector que ostenta mayoría dentro de los órganos de conducción partidaria.
Además del manual, el orden del día incluye el análisis del proyecto de presupuesto de ingresos y gastos de la ANR para el ejercicio 2026. Este punto cobra especial relevancia atendiendo a que el próximo año se desarrollarán las internas partidarias en junio y las elecciones municipales generales en octubre, lo que implica una intensa movilización de recursos financieros y logísticos.
Desde la conducción partidaria sostienen que el documento responde a obligaciones formales impuestas por la Ley de Financiamiento Político y por las disposiciones de la Justicia Electoral. El secretario general de la Junta de Gobierno, Eduardo González Báez, señaló que los partidos están obligados a contar con protocolos escritos que regulen la captación, administración y control de fondos utilizados en campañas y actividades políticas.
Según explicó, el manual toma como base un modelo elaborado por el órgano electoral, que luego es adaptado a las normativas internas de la ANR. El objetivo declarado es establecer procedimientos preventivos vinculados a la identificación de aportantes, el control de donaciones y la detección de operaciones sospechosas relacionadas con dinero de origen ilícito o con eventuales vínculos al financiamiento del terrorismo.
El anuncio se produce en medio de un clima de escepticismo público, dado que históricamente varios referentes y postulantes del partido han sido señalados o investigados por presuntos vínculos con esquemas de financiamiento irregular. En ese contexto, la difusión de un manual antilavado aparece como un gesto institucional que busca mostrar adecuación a las reglas vigentes, aunque su impacto real dependerá de la aplicación efectiva de los controles y de la transparencia con que se manejen los recursos durante el proceso electoral que se avecina.
