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El pedido fue promovido por concejales que citan un informe de la Contraloría General, en el que se detallan presuntas irregularidades en el manejo de recursos.
La propuesta de intervención fue avalada en agosto por mayoría en la Junta Municipal y, tras pasar por el Ministerio del Interior y luego por la Presidencia de la República, llegó finalmente a Diputados el pasado 19 de septiembre.
Según Leandro Ramón Ovelar Viñales, titular de la Junta Municipal, mantienen conversaciones con legisladores y existe la posibilidad de que la diputada cartista Rocío Abed plantee mañana que el caso sea estudiado en el pleno. Aun así, se estima que lo más probable es que primero sea remitido a comisiones para dictamen.
Entre las observaciones de la Contraloría figuran la emisión de cheques al portador con sumas significativas, adquisiciones de combustibles sin el uso de tarjetas magnéticas que superan los G. 1.900 millones, además de otras inconsistencias administrativas en el ejercicio fiscal 2023 y parte de 2024.
El intendente Coronel rechazó de plano las acusaciones, asegurando que el informe no constituye evidencia de malversación. Denunció también un trasfondo político detrás del reclamo, acusando al clan Ovelar de buscar protagonismo con miras a las elecciones municipales del 2026.
La definición de los diputados será clave para establecer si corresponde aplicar el mecanismo de intervención o si la causa seguirá en proceso de análisis en el ámbito legislativo.
