PolíticaDiputados
La iniciativa, impulsada por la diputada Leidy Galeano (Yo Creo-Central), surge como respuesta a lo que califica como un preocupante debilitamiento de las garantías constitucionales, tras una serie de episodios recientes en los que protestas pacíficas fueron reprimidas o limitadas sin justificación clara.
Entre los casos mencionados en el documento se encuentran la intervención policial durante una representación teatral en homenaje a Rodrigo Quintana, las manifestaciones contra la corrupción e impunidad realizadas en marzo en Asunción, y una represión frente al Palacio de Justicia que derivó incluso en denuncias contra comisarios de la Policía Nacional.
Galeano expresó ante el pleno su preocupación por estas situaciones, afirmando que "es urgente que los poderes del Estado actúen con firmeza para proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía". Según la diputada, resulta inadmisible que el uso de la fuerza pública se convierta en un mecanismo para silenciar voces críticas o impedir el ejercicio pacífico de derechos constitucionales.
El proyecto aprobado en la sesión ordinaria más reciente exige que se respete la integridad física, la libertad personal y la seguridad jurídica de todas las personas que decidan expresarse en el marco del respeto y la no violencia. Asimismo, advierte sobre el riesgo de caer en prácticas autoritarias si no se controla el uso arbitrario del poder coercitivo del Estado.
Con esta declaración, la Cámara Baja envía un mensaje claro: la protesta pacífica no puede ni debe ser criminalizada, y el respeto a las libertades ciudadanas es un pilar innegociable de la democracia.
