PolíticaInforme
La imagen de Almir de Brum reencontrándose con su familia puso fin a más de cien días de angustia, incertidumbre y desesperación. Su liberación fue celebrada por familiares, amigos y autoridades, que destacaron el retorno con vida del joven productor secuestrado en febrero pasado. Sin embargo, detrás del alivio que genera este desenlace, vuelve a emerger una realidad que Paraguay arrastra desde hace más de veinte años: la persistencia de grupos criminales capaces de sembrar terror en el norte del país y la incapacidad del Estado para garantizar seguridad plena en una región estratégica para la economía nacional.
Almir fue secuestrado el 21 de febrero mientras realizaba actividades vinculadas a la producción rural en una zona ubicada entre Canindeyú y Caaguazú. Desde un primer momento, las sospechas apuntaron a integrantes vinculados al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), organización criminal que durante décadas protagonizó secuestros, asesinatos, extorsiones y ataques armados en distintos puntos del norte.
Durante más de tres meses, el caso mantuvo en vilo a todo el país. La familia atravesó una larga espera sin respuestas públicas claras, mientras las fuerzas de seguridad desplegaban operativos en la zona y las autoridades insistían en que manejaban información que permitía sostener que el joven seguía con vida.
Finalmente, este jueves llegó la noticia esperada. Almir fue liberado en la zona de la reserva Marina Cue, en Canindeyú. El Gobierno atribuyó el desenlace a la presión ejercida por las fuerzas de seguridad. El ministro de Defensa, Óscar González, sostuvo que los secuestradores se encontraban prácticamente rodeados y que no tuvieron otra alternativa que dejar en libertad al cautivo. Otras autoridades también destacaron el trabajo de inteligencia y seguimiento realizado durante los meses de búsqueda.
Hasta el momento, las autoridades no confirmaron la existencia de un pago de rescate y sostienen que la liberación fue consecuencia directa del operativo desplegado en la zona. No obstante, las investigaciones continúan para determinar con precisión las circunstancias del cautiverio y la identidad de todos los responsables.
Más allá de la satisfacción que genera el regreso de Almir, el episodio reabre una discusión mucho más profunda. ¿Cómo es posible que después de décadas de operativos militares, millonarios recursos destinados a seguridad, capturas, abatimientos y promesas gubernamentales, grupos criminales sigan teniendo capacidad para secuestrar personas en el norte?
La pregunta no apunta únicamente a este gobierno. Es una deuda acumulada por sucesivas administraciones que nunca lograron erradicar completamente la amenaza.
La herida abierta desde Cecilia Cubas
La historia reciente de los secuestros vinculados al EPP encuentra uno de sus capítulos más dolorosos en el caso de Cecilia Cubas. Su secuestro y posterior asesinato marcaron un antes y un después en la historia criminal del país y expusieron la consolidación de una estructura que con el paso de los años se transformaría en la principal amenaza armada interna.
Desde entonces, la organización criminal protagonizó una larga lista de secuestros que golpearon a familias de productores, ganaderos, trabajadores rurales y agentes de seguridad.
Entre las víctimas que lograron sobrevivir figuran Fidel Zavala, Arlan Fick, Franz Wiebe, Bernard Blatz y Franz Hiebert, quienes recuperaron la libertad después de extensos períodos de cautiverio.
Otros casos terminaron de manera trágica. Luis Alberto Lindstron fue secuestrado y posteriormente asesinado. Abrahán Fehr también perdió la vida tras permanecer cautivo. Robert Natto y Ericka Reimer fueron secuestrados y asesinados por integrantes de la organización.
Existen además heridas que continúan abiertas. El suboficial Edelio Morínigo fue secuestrado en 2014 y hasta hoy no existe una respuesta definitiva para su familia. Félix Urbieta fue secuestrado en 2016 y su caso sigue siendo una de las mayores incógnitas de la lucha contra el grupo armado. Lo mismo ocurre con el exvicepresidente Óscar Denis, desaparecido desde septiembre de 2020 tras ser secuestrado en Concepción.
Cada uno de esos nombres refleja una historia de dolor, incertidumbre y sufrimiento. También constituye un recordatorio de que el problema nunca fue completamente resuelto.
Una organización debilitada, pero aún activa
Durante los últimos años, el EPP sufrió golpes importantes. Varios de sus integrantes fueron capturados, abatidos o condenados. Las fuerzas de seguridad lograron desarticular estructuras operativas y reducir significativamente su capacidad de acción.
Sin embargo, el secuestro de Almir demuestra que los remanentes del grupo continúan activos y conservan capacidad para ejecutar acciones criminales en zonas rurales.
Las propias autoridades reconocieron en distintas oportunidades que pequeñas células siguen moviéndose entre áreas boscosas y territorios de difícil acceso, principalmente en sectores de Canindeyú, Concepción y San Pedro.
Aunque ya no cuentan con la estructura que exhibían durante sus años de mayor fortaleza, siguen representando una amenaza para las comunidades locales.
El norte productivo que sigue viviendo con miedo
El caso de Almir vuelve a poner la mirada sobre una de las mayores contradicciones nacionales.
Las regiones donde históricamente operó el EPP forman parte de uno de los motores económicos más importantes del país. Allí se produce soja, maíz, carne y diversos rubros agrícolas y ganaderos que sostienen miles de empleos y generan importantes ingresos.
Sin embargo, quienes viven en esas zonas siguen enfrentando condiciones de inseguridad que no deberían existir en un Estado moderno.
Productores rurales, trabajadores agrícolas, comerciantes y familias enteras desarrollan sus actividades bajo la sombra permanente de una amenaza que reaparece cada cierto tiempo para recordar que todavía existe.
Cada secuestro genera un impacto que va mucho más allá de la víctima directa. Afecta inversiones, condiciona actividades productivas, genera temor en las comunidades y profundiza la sensación de abandono.
Por eso, la discusión no puede limitarse únicamente al éxito de una liberación. El verdadero desafío es impedir que ocurra el próximo secuestro.
Una deuda que sigue pendiente
La liberación de Almir representa una noticia positiva en medio de una historia marcada por el dolor. Un joven recuperó su libertad y volvió a abrazar a su familia después de más de cien días de cautiverio.
Pero también constituye una advertencia.
El hecho demuestra que, pese a los avances logrados en la lucha contra el EPP, el Estado sigue sin ofrecer garantías absolutas de seguridad en amplias zonas del norte. Demuestra que todavía existen territorios donde el miedo forma parte de la vida cotidiana y donde la presencia estatal continúa siendo insuficiente para erradicar por completo la amenaza criminal.
Las autoridades celebran el resultado de un operativo que permitió recuperar con vida a una víctima. Sin embargo, el desafío de fondo sigue siendo mucho más complejo: garantizar que productores, trabajadores y familias puedan desarrollar sus actividades sin temor a convertirse en el próximo objetivo.
Almir volvió a casa. Volvió a sus afectos, a sus proyectos y a su vida. Pero mientras persistan las condiciones que permitieron su secuestro, el terror seguirá latente en el norte y la deuda del Estado continuará abierta.
