Alejandra Peralta: "La libertad de expresión es piedra angular de la democracia"
La libertad de prensa y la libertad de expresión se encuentran en el centro del debate por las últimas actuaciones de un sector político de intentar menoscabar o limitar estos derechos consagrados universalmente. La abogada y doctora en derecho, Alejandra Peralta Merlo, impulsó días atrás una serie de acciones con resultados históricos a favor de los sectores que buscan ser acallados por el poder de turno. Insta además a reivindicar la importancia de estos valores para la consolidación de la democracia.
En entrevista con El Nacional, la profesional en leyes expuso que resulta importante conocer los discursos que están permitidos por la libertad de expresión y aquellos que admiten responsabilidades ulteriores pero no censura previa.
"Porque tenemos que saber que la censura previa está prohibida por la Constitución Nacional, sin embargo, como este derecho no es un derecho absoluto, admite en algunas circunstancias con responsabilidades ulteriores. Entonces, es allí como trabajamos justamente en los casos de la senadora Celeste Amarilla para reclamar responsabilidades ulteriores. Cuando aquellos discursos proferidos por personas que afectan a su honor y a su reputación, entonces, no están protegidos por la libertad de expresión", aclaró.
En ese sentido, mencionó que, en algunos casos, es aplicable la figura de la difamación y calumnia, y en otros casos, también el derecho penal cuando estas figuras penales resultan desproporcionales porque no pueden ser empleadas para atacar expresiones que tengan que ver con el interés público.
"Entonces, todos estos conceptos los bajamos de la vasta jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a lo largo de más de 40 años de trabajo que viene realizando y también a través de la opinión consultiva 5 del año 1985, en la cual fija los lineamientos y la importancia que tiene la libertad de expresión como piedra angular de la democracia, como un derecho esencial para la vigencia de la democracia", indicó.
Seguridad de periodistas
Peralta mencionó que la libertad de expresión se ve afectada en muchos ámbitos, como también desde lo que es la seguridad de periodistas. La violencia ejercida hacia los trabajadores de la prensa, en especial hacia aquellas personas que realizan periodismo de investigación, resulta un claro ejemplo. Así que es indicó que lleva también un trabajo coordinado con la Mesa de Seguridad de Periodistas, que hace poco lanzó un informe que dice que existen más de 700 denuncias de violencia contra los periodistas por su labor investigativa. También asesinatos, más de 21 casos de asesinatos a periodistas por la labor que realizan.
"Entonces, esto nos pone en perspectiva que no podemos en Paraguay dar por sentado que este derecho se respeta y que es conocido y valorado por nuestras altas autoridades, sino todo lo contrario. En los discursos de nuestras autoridades notamos un desprecio hacia este derecho. Incluso, esta semana vimos un proyecto de reglamentación por parte del diputado Yamil Esgaib que pretende limitar el acceso a la prensa y restringirlo a ciertos lugares en el Poder Legislativo, perdiendo de esa manera la inmediatez de la información y la obtención de información que puede considerarse de interés público, como llegar hasta las oficinas de algunos altos funcionarios y notar que no están en sus puestos de trabajo", detalló.
Con el acceso de la prensa a estos recintos es que se conocen casos de corrupción y nepotismo, según refirió. Y, finalmente, todos terminamos como sociedad siendo beneficiados con esa información que transmite la prensa. "Sin embargo, al limitar el acceso, entonces se le ha afectado también ese derecho ciudadano de acceder a esa información de interés público, bajo el argumento de "de mantener un orden dentro del Congreso", continuó.
Peralta consideró que, en estos casos, se deben aplicar esos lineamientos trazados por los órganos internacionales que nos dicen que para restringir o limitar el derecho a la libertad de expresión, tenemos que trabajar sobre lo que se conoce como un test tripartito de proporcionalidad. "Es decir, el derecho que vamos a restringir, en este caso la libertad de expresión, tiene que ser proporcional a ese derecho que se va a garantizar. ¿Y cuál es el derecho que se pretende garantizar? Simplemente el orden dentro del Congreso. Entonces, evidentemente, resulta desproporcional. No hay una proporción entre lo que yo como ciudadano voy a ofrecer, limitando mi derecho de acceder a información con ese derecho que los congresistas van a asegurar que es el orden dentro del Congreso. Entonces, allí notamos que es una decisión arbitraria y esto puede constituir lo que se conoce como censura indirecta", analizó.
Bloqueos en redes
La experta recordó que otra de las aristas donde se ve afectada la libertad de expresión también son estos bloqueos que se hacen por parte de las altas autoridades, a esos usuarios que quieren interactuar con ellos. Añadió que esto se da cuando, simplemente, esa alta autoridad que tiene la capacidad de tomar decisiones vinculantes para la República a esos usuarios que quieren interactuar con ellos, o simplemente, cuando esa alta autoridad no le gusta o está disconforme con esa crítica que le hace el ciudadano, procede a bloquearle el acceso, bloquear esos comentarios. "Entonces, se pierde esa posibilidad de interactuar con ese representante que está allí mediante los votos de confianza de la ciudadanía", acotó.
Peralta remarcó que este asunto ya fue abordado ampliamente en otros países, como en las máximas instancias judiciales de Estados Unidos, México y Costa Rica. "Las Cortes Supremas de estos países coinciden en la misma línea argumentativa que baja la Corte Interamericana al referirse a la información de interés público. Es decir, el interés público es la palabra clave, la palabra central que tenemos que tomar como análisis para proteger el derecho a la libertad de expresión", insistió.
Si esta alta autoridad utiliza sus redes personales para transmitir información de interés público, entonces no puede reservarse ese derecho de bloqueo a los ciudadanos. "Si un periodista o una persona cualquiera critica y ofende incluso a una autoridad pública, entonces se tiene que analizar si esas expresiones tienen que ver con cuestiones de interés público para saber si se puede o no utilizar la vía penal. ¿Por qué? Porque el sistema interamericano dice que para atacar expresiones que tienen que ver con el interés público, esa vía resulta desproporcional", aseveró.
La abogada sugirió siempre proteger la información si se parte del análisis de que esta es de interés público, porque es lo que permitirá que la ciudadanía pueda mantenerse informada y pueda tomar libremente sus decisiones en democracia.
Precedente histórico
En referencia a la decisión judicial, en primera instancia, de obligar a dos senadores a proceder a desbloquear el acceso a sus redes sociales, Peralta Merlo mencionó que resulta una sentencia emblemática para Paraguay. De hecho, es el primer caso elevado a la justicia por bloqueo en redes sociales. Este resulta un tema reciente dentro del contexto de la protección de la libertad de expresión porque trata acerca del uso de la plataforma digital que en otros tiempos no se daba. "Antes, la transmisión de información se daba a través de los medios escritos, de los periódicos o de las radios convencionales pero la utilización de la plataforma digital es reciente y va en aumento en cuanto a lo que la ciencia nos ofrece", dijo.
Añadió que el el juez tuvo la misma línea argumentativa que tomaron altas cortes de otros países. "Entonces, la jurisprudencia internacional previó que esas altas autoridades que utilizan sus redes sociales no puedan reservarse el derecho de bloqueo y eso determinó el juez nacional, el juez paraguayo. Ahora esperamos que sea confirmada en la Cámara de Apelación", expuso.
En la última parte de la entrevista, mencionó que actualmente, su objetivo principal resulta la enseñanza de los derechos humanos para la ciudadanía y también con sus alumnos, en el ámbito de la docencia en que se desempeña.
"Me interesa que la ciudadanía pueda estar informada acerca de sus derechos para que de esa forma realmente uno sepa qué es lo que puede reclamar y cuáles son los límites de las autoridades. Solamente así podremos ir construyendo democracia y no ir para atrás, porque si uno no conoce sus derechos no puede reclamarlos", culminó.