PolíticaPresidente de Argentina
El reciente desembarco de Javier Milei en Asunción volvió a activar una avalancha de elogios desde el oficialismo colorado. Autoridades como Raúl Latorre y Basilio Núñez ponderaron el "achicamiento del Estado" y la disciplina fiscal del presidente argentino, pero esa narrativa choca con la realidad doméstica: Paraguay mantiene una estructura estatal con plantillas en crecimiento, débil control de la carrera pública y un ecosistema de privilegios que facilita el ingreso y la permanencia de parientes y allegados en la administración. La distancia entre el discurso y la práctica local es inocultable.
En el papel, el país cuenta con una norma específica que prohíbe el nepotismo en la función pública: la Ley 5.295/2014 sanciona a la autoridad que nombre o contrate a parientes en contravención de la ley. También obliga a la remoción del funcionario indebidamente designado. Es decir, el marco legal existe y es claro respecto a los vínculos de consanguinidad y afinidad que están vedados.
Además, desde el 16 de julio de 2025 rige una nueva Ley de la Función Pública y del Servicio Civil (N° 7.445/2025) que promete profesionalizar el empleo estatal, ordenar la carrera administrativa y fijar reglas más estrictas para el ingreso y la promoción. El propio Ministerio de Economía y Finanzas y la Secretaría de la Función Pública difundieron sus lineamientos, que, bien aplicados, deberían reducir la discrecionalidad política y cerrar espacios para el amiguismo.
La teoría, sin embargo, tropieza con la práctica. El país arrastra problemas de "planillerismo" —cobro de salarios sin contraprestación—, controles laxos de asistencia y una cultura de contratos temporales o comisionamientos que, en los hechos, permiten esquivar concursos y perpetuar lógicas de padrinazgo. Informes y auditorías de la Contraloría han expuesto reiteradamente estas debilidades, revelando pagos indebidos y fallas de supervisión.
El sistema de concursos existe y está reglamentado (Paraguay Concursa y el decreto que norma los procesos), pero su aplicación ha sido irregular: hay convocatorias formales conviviendo con nombramientos por excepción, interinatos prolongados y figuras contractuales que abren atajos. El resultado es una meritocracia parcial, donde los procedimientos "técnicos, cuantificables y comparables" que exige la normativa se diluyen frente a la presión política.
La transparencia ayuda, pero no alcanza por sí sola. Hoy es posible consultar nóminas y remuneraciones del sector público en portales oficiales y datasets abiertos; sin embargo, la publicación de listados no implica una depuración automática de vínculos indebidos ni sanciones ejemplares. Sin auditorías independientes ágiles, trazabilidad de parentescos y reglas uniformes entre poderes del Estado y gobiernos subnacionales, el privilegio encuentra resquicios para reproducirse.
En este contexto, los halagos del cartismo al "modelo Milei" suenan más a postura que a programa: mientras se exalta la reducción del gasto del vecino, puertas adentro persisten el crecimiento de planillas, los atajos para sortear concursos y la tolerancia a relaciones de parentesco en la administración. Si el oficialismo pretende coherencia con las banderas que aplaude, el camino es concreto y comprobable: aplicar de forma estricta la Ley 5.295/2014, reglamentar y hacer cumplir la 7.445/2025 en todos los ámbitos, blindar los concursos del SICCA, y respaldar auditorías que deriven en sanciones reales, incluyendo destituciones e inhabilitaciones. Cualquier otra cosa será retórica sin reformas.
