Voraz aparato público

Agencia de empleo: Las 10 entidades estatales con más funcionarios

En un contexto marcado por denuncias de superpoblación de funcionarios públicos, uso clientelista de cargos y derroche de recursos del Estado, la estructura laboral del sector público sigue en expansión.
Poder Ejecutivo.

Críticos y expertos advierten que el crecimiento constante de la nómina estatal no solo presiona las finanzas públicas, sino que también responde, en gran medida, a la utilización del Estado como botín político. El gasto salarial representa una porción significativa del presupuesto nacional y, en muchos casos, no se traduce en una mejora proporcional de los servicios a la ciudadanía.

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De acuerdo con la planilla oficial de julio de 2025, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) lidera ampliamente el ranking de entidades con más funcionarios, con un total de 5.025 empleados. Esta empresa estatal, encargada de la provisión de energía eléctrica, concentra más del doble de personal que la segunda institución en la lista, la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (ESSAP), que cuenta con 2.132 trabajadores.

En el tercer puesto se encuentra la Industria Nacional del Cemento (INC), con 890 funcionarios, mientras que la Universidad Nacional de Asunción (UNA) ocupa la cuarta posición con 649. La Gobernación del Alto Paraná aparece en quinto lugar con 572 empleados, seguida por la Gobernación de Caaguazú con 457, el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) con 444 y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) con 427. Cierran el top diez la Gobernación de Paraguarí, con 376 funcionarios, y la Gobernación de Ñeembucú, con 363.

Esta concentración de personal en ciertas instituciones no pasa desapercibida para quienes alertan sobre la carga que representa para el erario público. Los altos niveles de contratación, sumados a los salarios privilegiados en ciertos sectores, alimentan el debate sobre la necesidad de una reforma profunda en la administración pública. Mientras tanto, la lista confirma que las empresas estatales y las gobernaciones no solo juegan un rol político-administrativo, sino que también se han convertido en grandes centros de empleo financiados por los contribuyentes.