PolíticaPropuesta legislativa
El experto en seguridad, José Amarilla, afirmó que la propuesta de modificar la ley que habilita el derribo de aeronaves ilegales representa "uno de los desafíos constitucionales más importantes" que enfrentará Paraguay, dado que "la Constitución Nacional no admite la pena de muerte en Paraguay".
La propuesta de modificación del artículo 9 de la Ley 6.980, que regula el derribo de aviones involucrados en vuelos clandestinos o tráfico ilícito, será una vez más tratado en el Congreso. La propuesta figura en el orden del día del martes, 8 de julio, en la Cámara de Diputados.
En entrevista con el diario El Nacional refiere que "esta complicación requiere de protocolos de procedimiento muy refinados para que la interceptación aérea no sea una farsa, pero tampoco un instrumento de abuso por parte del Estado".
Citó como ejemplo a Colombia, que, según comentó, "ha resultado complicada la situación constitucional, al punto que no pudieron compatibilizar una reglamentación de derribo con sus normas constitucionales, pese a ser el país de origen de una buena parte del tráfico de sustancias ilícitas".
Añadió que en América Latina en general el tema es polémico y poco usado incluso en los países que tienen Ley de derribo, como Brasil, Perú, Venezuela y Bolivia.
"En todo caso, la existencia de una ley de derribo en sí, o de un protocolo que permite el uso de la fuerza potencialmente letal, ya es de por sí un importante disuasivo para los vuelos ilegales", indicó.
Sin embargo, advierte que en Paraguay cualquier medida de este tipo todavía depende de un recurso que no tenemos, que es el sistema de radares. "Eso puede demorar todavía un par de años antes de que entre en rigor cualquier decisión del Estado al respecto", concluyó.
Preocupación
Aunque busca reforzar el combate al narcotráfico en el espacio aéreo, la propuesta es considerada sensible porque implica riesgos de errores en la identificación, posibles impactos en vuelos civiles, y consecuencias diplomáticas si se afecta a aeronaves extranjeras. Este tipo de leyes requiere protocolos claros, transparencia operativa y mecanismos de control, para evitar decisiones arbitrarias o abusos de poder.
Lo que establece
La iniciativa del diputado Rubén Rubín establece tres fases:
Fase 1: Identificación de la aeronave como vuelo clandestino.
Fase 2: Acercamiento e intento de comunicación con la aeronave, culminando con disparos de advertencia autorizados.
Fase 3: Derribo de la aeronave, minimizando riesgos a la población y otros vuelos.
