Advierten que Caja Fiscal colapsará en 2028
En una audiencia reciente ante la Comisión Permanente del Congreso, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, subrayó que la Caja Fiscal —que aglutina los fondos de jubilación de policías, militares, docentes y ciertos magistrados— arrastra un desequilibrio que se agrava año tras año, con déficits que actualmente superan los 380 millones de dólares y que tienden a crecer en aproximadamente 100 millones cada ejercicio. Según proyecciones oficiales, sin ajustes estructurales, el desbalance podría alcanzar dimensiones insostenibles, equivalentes a cerca de 683 millones de dólares en 2028, lo que representaría más del 1 % del Producto Interno Bruto.
Frente a este escenario, el Ejecutivo presentó un proyecto de reforma parcial del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público. La iniciativa plantea medidas destinadas a contener la llamada "hemorragia" fiscal, enfocándose en los regímenes más deficitarios. El eje central de la propuesta es establecer una edad mínima de jubilación generalizada, una modificación que el ministro considera clave para frenar el deterioro de las finanzas previsionales. En concreto, se propone fijar edades mínimas —como 57 años para jubilación extraordinaria y 62 para la ordinaria— junto con parámetros más estrictos para los años de aportes, en contraste con las reglas actuales que permiten retiros con menor exigencia de edad en varios sectores.
Según el MEF, solo incrementar las tasas de aporte —tanto de trabajadores como del Estado— no resolvería la raíz del problema sin la implementación de una edad mínima uniforme. El Gobierno sostiene que, sin ese criterio, la Caja continuará acumulando déficits año tras año, comprometiendo recursos que tendrían que ser cubiertos con el presupuesto general y generando presiones adicionales sobre la economía nacional.
Las propuestas también incluyen un aumento gradual de las tasas de aporte (del 16 % actual hacia 19 % o más) y la equiparación de condiciones para los distintos grupos afiliados. Sin embargo, estos ajustes han generado preocupación entre sindicatos y gremios, particularmente en sectores como la Policía, las Fuerzas Armadas y la educación, que consideran que cambios acelerados podrían afectar los derechos adquiridos de los futuros jubilados. Algunos especialistas han pedido que los cambios se implementen de manera progresiva para mitigar impactos sociales y económicos.
El debate político ha escalado en el Congreso, donde la Comisión Permanente prepara reuniones adicionales con el ministro Fernández Valdovinos para profundizar en los detalles técnicos de la reforma y evaluar alternativas. Parlamentarios de distintos bloques han solicitado acceso a cálculos actuariales completos para entender mejor el alcance de los números y las proyecciones de gasto.
Por otro lado, voces dentro del ámbito técnico y legislativo coinciden en la urgencia de avanzar con reformas que eviten que el sistema previsional continúe drenando recursos fiscales de manera acelerada, con advertencias claras de que la falta de acción podría agotar las reservas excedentes alrededor de 2027 y empujar al sistema a un punto de no retorno al año siguiente.
El corazón de la discusión gira en torno a cómo balancear sostenibilidad fiscal con justicia intergeneracional y protección de derechos adquiridos. Para el Ejecutivo, el objetivo es moderar el crecimiento de los déficits y dar "mayor oxígeno" al sistema para que el deterioro sea lo suficientemente lento como para diseñar soluciones complementarias a futuro. Para sectores críticos, cualquier modificación debe hacerse con cautela y con amplio debate social y técnico.
En definitiva, el Parlamento y el Gobierno enfrentan la disyuntiva de aprobar cambios que pueden resultar impopulares, pero que según el Ejecutivo son necesarios para evitar que el desequilibrio fiscal derivado de las jubilaciones de la caja pública termine impactando más severamente la economía y las finanzas públicas en los próximos años.