Acusan a Peña de intimidar a periodista para evitar responder sobre su fortuna
Diversas organizaciones consideraron que la respuesta del mandatario excedió los límites del debate democrático y representó un intento de desacreditar el trabajo periodístico.
El episodio ocurrió durante una rueda de prensa en la que el jefe de Estado fue consultado sobre las dudas planteadas en torno a la evolución de sus bienes entre los años previos a su llegada a la Presidencia. En lugar de responder directamente a los cuestionamientos, Peña reaccionó con evidente molestia y planteó comparaciones con la situación patrimonial de la periodista que formuló la pregunta, además de deslizar insinuaciones que fueron interpretadas como un intento de poner en duda la legitimidad de su labor profesional.
La situación provocó una inmediata reacción de la Red de Mujeres Periodistas del Paraguay, que expresó su respaldo a la trabajadora de prensa y manifestó preocupación por lo que calificó como una estrategia recurrente de descalificación cuando surgen consultas relacionadas con transparencia, rendición de cuentas o administración de recursos.
La organización sostuvo que el periodismo cumple una función esencial de control ciudadano y advirtió sobre los riesgos que implica que las máximas autoridades recurran a ataques personales en lugar de responder a las preguntas de interés público. Asimismo, alertó sobre el impacto que este tipo de conductas puede tener particularmente sobre las mujeres periodistas, quienes frecuentemente enfrentan formas diferenciadas de hostigamiento en el ejercicio de su profesión.
Las críticas también llegaron desde el ámbito político. La diputada Johanna Ortega expresó su solidaridad con la comunicadora y cuestionó con dureza la actitud asumida por el presidente. La legisladora consideró que las expresiones de Peña constituyen una forma de intimidación hacia quienes investigan y fiscalizan el ejercicio del poder, especialmente cuando se trata de asuntos relacionados con el origen y la evolución del patrimonio de los funcionarios públicos.
La controversia se da en medio de la discusión generada por las denuncias presentadas por legisladores opositores, quienes solicitaron investigar el significativo incremento patrimonial registrado por el mandatario entre 2017 y 2023. El tema volvió a instalarse en el debate público luego de que sectores de la oposición insistieran en la necesidad de realizar peritajes independientes para esclarecer el origen de los recursos declarados.
A las voces críticas se sumó la exministra de Justicia Cecilia Pérez, quien cuestionó la actitud del mandatario y advirtió sobre una creciente dificultad para aceptar el escrutinio público. Según señaló, la transparencia constituye una obligación inherente al ejercicio de la función pública y cualquier reacción hostil ante preguntas legítimas termina debilitando la confianza ciudadana en las instituciones.
Pérez también recordó el compromiso asumido por el Ejecutivo con principios internacionales de protección a la libertad de expresión y consideró que situaciones como la ocurrida contrastan con esos compromisos. En ese sentido, sostuvo que la fortaleza de una democracia se mide precisamente por la capacidad de sus autoridades para responder a cuestionamientos incómodos sin recurrir a la confrontación personal.
El episodio reavivó además debates anteriores relacionados con la exposición pública de bienes, inversiones y actividades empresariales vinculadas al presidente. Diversos sectores recordaron que en ocasiones anteriores también surgieron polémicas relacionadas con declaraciones patrimoniales, propiedades y otros aspectos de interés público que generaron cuestionamientos desde la oposición y desde organizaciones de la sociedad civil.
Mientras el Gobierno mantiene su posición de que no existen irregularidades en la evolución patrimonial del mandatario, la controversia continúa escalando en el plano político y mediático. Organizaciones de prensa, legisladores y referentes de derechos humanos coinciden en que las preguntas sobre transparencia deben ser respondidas con información y documentación, especialmente cuando involucran a las máximas autoridades del país.
La discusión, lejos de cerrarse, volvió a colocar en el centro del debate la relación entre el poder político y el periodismo, así como la importancia de garantizar condiciones para que los trabajadores de prensa puedan ejercer su labor sin presiones ni descalificaciones provenientes de quienes están sometidos al escrutinio público.