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La disposición fue impulsada por el cartismo y posteriormente reglamentada por el presidente Santiago Peña en octubre del año pasado.
La organización sostiene que el marco legal impone exigencias desproporcionadas a entidades que desarrollan actividades de incidencia pública, al establecer obligaciones de inscripción, supervisión estatal y eventuales sanciones que —a su criterio— afectan garantías básicas consagradas en la Constitución. Entre los puntos cuestionados figuran las limitaciones a la libertad de asociación y participación ciudadana, así como la exposición de datos personales en registros de acceso público.
De acuerdo con el planteamiento presentado ante la máxima instancia judicial, la ley obliga a publicar información sensible sobre integrantes de organizaciones sociales, lo que podría vulnerar el derecho a la intimidad y generar riesgos para víctimas de violaciones de derechos humanos y personas defensoras. La entidad advierte que la divulgación obligatoria de datos personales puede abrir la puerta a hostigamientos, represalias e incluso situaciones de violencia.
Amnistía remarca que no se opone a los controles estatales ni a la transparencia, pero considera que las disposiciones actuales exceden lo razonable y colocan en una posición de vulnerabilidad a quienes trabajan en la promoción y defensa de derechos fundamentales. Según argumenta, ya cumple con las exigencias fiscales, laborales y de prevención de lavado de dinero previstas en la legislación vigente, por lo que estima innecesario un régimen adicional que, a su entender, restringe derechos sin un fin legítimo claro.
La organización también recuerda que el país ha asumido compromisos internacionales mediante la ratificación de tratados que protegen la libertad de asociación y la privacidad, lo que implica la obligación de garantizar un entorno seguro para la labor de la sociedad civil. En ese contexto, alerta que en otras naciones de la región disposiciones similares han derivado en el cierre de organizaciones críticas y en la reducción del espacio cívico.
La presentación judicial, realizada el pasado 13 de febrero, solicita que se declare la inconstitucionalidad de la Ley N° 7.363 y que se suspendan sus efectos mientras se estudia el fondo de la cuestión, con el objetivo de evitar —según expone— daños irreparables a la sociedad civil. La decisión final quedará ahora en manos de la Corte, que deberá pronunciarse sobre la validez de una norma que continúa generando fuerte controversia en el escenario político y social.
