Abogados advierten a Lizarella: Raúl Benítez no puede ser querellado por sus dichos
El anuncio de la senadora Lizarella Valiente de querellar al diputado Raúl Benítez por sus afirmaciones sobre el uso de fondos municipales para su campaña generó la reacción de especialistas en derecho, quienes recordaron que los legisladores cuentan con inmunidad parlamentaria y que sus opiniones están amparadas por la Constitución.
El abogado Ezequiel Santagada fue categórico al señalar que "el diputado, al igual que usted, no puede ser acusado judicialmente por las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones (art. 191, Constitución)". Añadió que, incluso sin este fuero, las manifestaciones de Benítez estarían protegidas por el derecho a la libertad de expresión, ya que se trata de un tema de evidente interés público. "Responda y desacredite con documentos la hipótesis del diputado. Usted es representante del pueblo y está expuesta al más intenso escrutinio público", recomendó el jurista.
En la misma línea, la abogada Alejandra Peralta Merlo recordó que los parlamentarios, por la naturaleza de su cargo, deben aceptar un control ciudadano permanente. "Ustedes los parlamentarios están sometidos a un mayor grado de escrutinio por parte de la ciudadanía, por el cargo que ocupan y la representación que ejercen. Como mandatarios que son, deben rendir cuentas una, dos, cien o mil veces, las veces que la gente requiera", afirmó.
Peralta Merlo también cuestionó el recurso a la vía penal en este tipo de disputas políticas, advirtiendo que Paraguay ya ha sido sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos similares. "El 'shu shu' del derecho penal no sirve, es más, el Estado está a punto de ser de vuelta sancionado por la @CorteIDH en el caso Zuccolillo porque tiempo atrás usaron el derecho penal para amedrentar. Y un poco antes, también en el caso Canese ocurrió lo mismo. Y va a volver a pasar cada vez que apliquen el derecho penal para cercenar el debate sobre lo público", alertó.
Finalmente, la abogada sintetizó su postura señalando que la discusión debe entenderse en el marco de "libertad de expresión, democracia, interés público, escrutinio, debate y transparencia", subrayando que el artículo 191 de la Constitución Nacional otorga inmunidad a los legisladores para opinar libremente en el ejercicio de sus funciones.
