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El profesional expresó su rechazo al fallo que dejó sin efecto el envío a juicio oral del legislador y sostuvo que, desde el punto de vista jurídico, el proceso no puede considerarse prescripto, ya que el uso del título cuestionado se habría extendido en el tiempo.
Según su análisis, el eje central del caso radica en que el documento presentado como título profesional contendría información no veraz respecto a la formación académica del senador, lo que, a su criterio, configura una irregularidad que no se extingue con el paso del tiempo si continúa produciendo efectos.
El abogado fue más allá y aseguró que el legislador habría hecho uso reiterado de ese título para ocupar cargos de relevancia, incluso dentro de órganos de alto peso institucional, lo que, según advirtió, agrava la situación y refuerza la necesidad de que el caso sea analizado a fondo en instancias superiores.
En ese contexto, planteó que la Corte Suprema de Justicia aún tiene margen para revisar la decisión adoptada por el Tribunal de Apelación, instancia que revocó la resolución inicial que disponía la realización de un juicio oral.
El cuestionamiento no se limitó al aspecto técnico. Campos López Moreira lanzó duras críticas contra los integrantes del Tribunal, a quienes responsabilizó por lo que considera una resolución carente de sustento, y advirtió que avanzará con una denuncia formal en su contra.
Además, puso el foco en las implicancias institucionales del caso, al remarcar que el uso de un título bajo sospecha no solo afecta la credibilidad del sistema, sino que también tiene consecuencias directas en la legitimidad de las funciones ejercidas por quien lo ostenta.
El caso sigue generando tensión en distintos sectores, especialmente tras las versiones sobre presiones y amenazas en el entorno de la investigación, lo que ha encendido alertas sobre posibles intentos de interferencia en el proceso judicial.
Mientras tanto, el escenario queda abierto a una eventual revisión en la máxima instancia judicial, en medio de un clima de creciente cuestionamiento público y político sobre la actuación de los tribunales y la transparencia en la administración de justicia.
