Abogada sobre decreto de las FF. AA.: "Es un caldo de cultivo para posibles violaciones de derechos"
La abogada y especialista en derechos humanos Alejandra Peralta Merlo cuestionó con dureza el decreto firmado por el presidente Santiago Peña que autoriza el despliegue de las Fuerzas Armadas en operaciones de defensa interna en todo el territorio nacional, con énfasis en la Región Oriental.
La disposición, emitida el 25 de febrero de 2026 a recomendación del Consejo de Defensa Nacional (Codena), establece el uso de elementos de combate de las Fuerzas Armadas en zonas donde la Policía Nacional se vea sobrepasada por el crimen organizado transnacional, grupos con sesgos terroristas y actividades conexas. Además, amplía el ámbito de acción militar a ríos nacionales, fronterizos e internos de la Región Oriental, la zona más poblada del país.
Peralta Merlo calificó la decisión como "discrecional" y potencialmente inconstitucional. "Este tipo de decretos siempre genera controversia, lo mismo ocurrió en México, con Bukele, con Milei o con Noboa. Son decisiones que toman los presidentes y generan controversia", señaló, al comparar la medida con experiencias similares en la región.
A su criterio, el problema radica en la amplitud del decreto y en la naturaleza de la función asignada a los militares. "Cuanto más discrecional es la medida, evidentemente, es un caldo de cultivo de posibles violaciones que puedan darse con la incursión de militares para una función para la cual ni fueron preparados, ni están preparados, ni la Constitución les ampara", advirtió en entrevista con Megacadena.
La abogada también puso en duda la efectividad de la estrategia frente a problemas históricos del país. Recordó que el crimen organizado y el accionar del EPP llevan más de dos décadas sin una solución definitiva, pese a la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y los recursos asignados por el Estado. "Tenemos cuatro secuestros activos y a esto no se le pudo dar un fin definitivo desde hace más de 20 años", remarcó.
Asimismo, sostuvo que el fenómeno del narcotráfico ha penetrado estructuras institucionales. "Aquí esto necesita una reestructuración de base. Tenemos legisladores vinculados con la narcopolítica. El narcotráfico está inficionado en el propio Congreso Nacional", afirmó.
Peralta Merlo cuestionó que el decreto habilite el porte de artillería castrense en la Región Oriental sin un control parlamentario previo. "Esto tiene que ser analizado en el Congreso y no por vía decreto, que es el canal por excelencia que cede el pueblo soberano para la toma de decisiones de quienes nos representan", expresó.
Finalmente, subrayó que cualquier restricción a derechos fundamentales debe cumplir criterios de legalidad, legitimidad, proporcionalidad y necesidad absoluta. "Puede ser legal y estar amparada en una ley, pero ¿estamos realmente ante un problema de seguridad nacional que requiera utilizar a las fuerzas militares para la defensa de la Patria?", concluyó.